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Extremadura contempla bonificaciones en el impuesto de donaciones

Además, una adaptación sobre el impuesto especial sobre medio de transporte que se traduce en una reducción en función de la nueva medición de gases

19 octubre 2021 | Publicado : 13:10 (19/10/2021) | Actualizado: 14:40 (19/10/2021)

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La Ley extremeña de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos en un contexto de crisis sanitaria contempla para 2022 bonificaciones en el impuesto de donaciones.

Junto con ello, se incluye como algo "muy necesario" para el Ejecutivo regional superar la "laguna" existente en el régimen sancionador del impuesto sobre la eliminación de residuos, de tal forma que "se ve completada considerándose infracción tributaria grave no ingresar al sustituto del contribuyente las deudas repercutidas".

En dicha norma, que "en breve" será enviada para su dictamen al Consejo de Estado tras los preceptivos trámites de información pública y consulta del Consejo Económico y Social de Extremadura, también se rebaja el tipo de gravamen del bingo electrónico.

De esta forma lo ha explicado, en la presentación de los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2022, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.

BONIFICACIONES

Sobre el Impuesto de Donaciones, la norma contempla una bonificación a los grupos I y II (descendientes, cónyuges y ascendientes) según la cuantía de la donación. Así, en una cuantía inferior o igual a 300.000 euros la bonificación será del 99 por ciento; entre 300.000 y 600.000 euros la bonificación del 50 por ciento; y si el donatario es una persona con discapacidad, los límites se incrementan en 250.000 euros.

Respecto al impuesto especial sobre medios de transporte, para la adaptación al nuevo sistema de medición de gases contaminantes, en los epígrafes 2 y 7 la reducción será de 0,45 puntos del tipo impositivo; en los epígrafes 3 y 8 la reducción será de 1,25 puntos del tipo impositivo; en los epígrafes 4 y 9 (los más contaminantes) se mantiene; y en el epígrafe 5 la reducción será de 1 punto del tipo impositivo.

De su lado, en el impuesto sobre la eliminación de residuos, en cuanto al régimen sancionador se introduce que constituye infracción tributaria grave dejar de ingresar al sustituto del contribuyente las deudas repercutidas correctamente.

Finalmente, en cuanto a los tributos sobre el juego, se rebaja el tipo de gravamen del bingo electrónico, que pasa del 25 al 20 por ciento.

LEY DE RETO DEMOGRÁFICO

Por otra parte, Blanco-Morales se ha referido a la Ley de Medidas ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura, planteada de forma unánime por todos los grupos parlamentarios (PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura), y que se encuentra en tramitación en la Asamblea.

La misma plantea una deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF del 10 por ciento de las cantidades satisfechas por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en municipios con una población inferior a 3.000 habitantes.

Asimismo, en cuanto al impuesto sobre transmisión patrimoniales y actos jurídicos documentados, contempla en municipios de menos de 3.000 habitantes, un tipo reducido del 4 por ciento a las transmisiones que constituyan la vivienda habitual y para los inmuebles destinados a constituir o continuar una actividad empresarial (excepto arrendamientos o negocios profesionales).

De igual modo, incluye un gravamen del 0,50 por ciento a las escrituras públicas que documenten la adquisición de inmuebles destinados a la vivienda habitual o a constituir o continuar una actividad empresarial.

Estas medidas se contemplan en dicha ley, según ha desgranado Pilar Blanco-Morales, "desde la coherencia" de demandar un sistema fiscal "cohesionado" y una Hacienda Pública "vertebrada", lo que pasa por la dotación de medidas de "armonización fiscal responsables".

OBJETIVOS POLÍTICOS

De este modo, Extremadura hace así uso de su capacidad normativa en el ámbito tributario "con responsabilidad para cumplir con los objetivos políticos" que la política tributaria sustenta.

Entre estos objetivos políticos y plasmado en el texto articulado de la ley de PGEx 2022 se manifiestan los compromisos de la Junta con la garantía de la autonomía municipal y con la financiación municipal, destinando 307 millones (31 millones más que en 2021, un 11,5 por ciento de crecimiento), y que se traducen en los programas de colaboración económica municipal ya existentes y otros nuevos, así como en el Fondo Regional de Cooperación Municipal en sus dos apartados (el que afecta a todos los municipios más el que cumple con la Ley de Capitalidad de Extremadura, y el fondo de cooperación para mancomunidades integrales).

En este sentido, ha incidido en la importancia de que para responder a la "ingente tarea" en la que la Junta no puede "bajo ningún concepto fallar", también se introducen normas de gestión de fondos europeos que suponen una flexibilización.

Además, se ha previsto la incorporación a los créditos de 2022 de la financiación procedente de los ejercicios anteriores para una gestión "más eficaz" de los fondos estructurales de inversión, junto a la ampliación de los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y la incorporación de los fondos asignados en las diferentes conferencias sectoriales en los recursos de dicho mecanismo de recuperación.

Ello va acompañado también con la previsión de normas para la gestión del personal, que se traduce en medidas concretas, y con la correspondiente negociación en la Mesa General de la Función Pública, de la aplicación del incremento retributivo "en los términos, cuantías y condiciones que se haya establecido en el Estado".

También se prevé el incremento de plantilla y de cobertura de plazas "en cumplimiento siempre de la normativa básica estatal", y "priorizando las necesidades urgentes de personal".

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