Gobierno incrementa un 46,7% la financiación de la dependencia en Extremadura para 2021

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El Gobierno de España se ha comprometido con las Comunidades Autónomas a aportar hasta 3.600 millones de euros para la dependencia durante esta legislatura, que en el caso de Extremadura se traduce en un incremento de financiación para 2021 que se sitúa en el 46,7%.

En concreto, la comunidad extremeña recibirá este año 62,6 millones de euros tanto por el nivel mínimo, que es lo que aporta la Administración General del Estado por cada persona dependiente, y por el nivel acordado, que son fondos suplementarios que se habían eliminado de la financiación de la dependencia durante los gobierno del partido popular.

En concreto, durante 2021, Extremadura recibirá 53,8 millones por el nivel mínimo (cantidad pendiente de ajustar con los datos definitivos a 31 de diciembre de 2020) y 8,7 millones del nivel acordado.

A estas cantidades, hay que añadir los fondos incluidos en el nivel adicional de financiación que cubre las mejoras que las CCAA introducen sobre el nivel mínimo y el nivel acordado.

El Gobierno se ha comprometido a efectuar incrementos similares en los años 2022 y 2023 por lo que Extremadura podría recibir a lo largo de esta legislatura en torno a los 100 millones de euros más para los servicios de atención a la dependencia.

Asimismo, el Ejecutivo central pretende impulsar un cambio en el modelo para los cuidados de larga duración que contempla reducir sustancialmente la lista de espera; asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en la atención a la dependencia son adecuadas e introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de las personas dependientes.

PLAN DE CHOQUE

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 contemplan ya un incremento de 600 millones de euros, a los que hay que sumar las previsión del Gobierno de incluir 1.200 millones de euros en 2022, y de otros 1.800 millones para 2023.

Este compromiso presupuestario forma parte del Plan de Choque para la Dependencia que va a poner en marcha por el Ministerio de Políticas Sociales y Agenda 2030 y del que dio cuenta en la última reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y la Atención a la Dependencia el Gobierno.

El Gobierno notificó que ha incrementado en un 17% de media el nivel mínimo, que es la cantidad que el Gobierno aporta por cada persona dependiente que recibe efectivamente alguna prestación o servicio.

Se trata de un incremento "considerable" que viene a paliar la "reducción" que se aplicó en esta cuantía durante los gobiernos del Partido Popular, según indica la Delegación del Gobierno en Extremadura en una nota de prensa.

En concreto, las cuantías actuales de Grado III. Grandes dependientes, pasan de 190,13 a 235,00 euros, lo que supone un aumento del 23,6%; las de Grado II. Dependencia severa, de 84,49 a 94,00 euros (+11,3%); y Grado I. Dependencia moderada, de 47,38 a 60,00 euros (26,6%).

RECUPERACIÓN DEL NIVEL ACORDADO

En esta reunión, el Gobierno procedió también a la recuperación del nivel acordado, que había sido eliminado por el anterior gobierno del partido popular, con un montante de 283 millones de euros; cantidad que el Gobierno de España trasferirá a las Comunidades Autónomos de acuerdo con unos parámetros establecidos en este Consejo Territorial.

Para la distribución de estos fondos a las CCAA se han fijado unos criterios que contemplan datos como la población potencialmente dependiente, la atención efectiva a la población dependiente -que contempla aspectos como el número de resoluciones de grado y nivel, el número de personas beneficiarias con prestación, las prestaciones de servicio efectivas, la inversión autonómica y el empleo relacionado con la dependencia-; el coste real de la prestación de los servicios y el cumplimiento de plazos de tramitación y reducción en la lista de espera.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA

Por otro lado, la reunión del Consejo Territorial sirvió también para que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 informara de que a través del Plan de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiará una evaluación completa del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) que debe servir de marco para la toma de decisiones relacionadas con los cambios a medio plazo que necesite el sistema.

Asimismo, se acordó también que durante el mes de febrero se pondrá en marcha un plan específico para la reducción de las listas de espera que incluirá los objetivos concretos de cada comunidad autónoma y las medidas que adoptarán para lograrlo.

Este plan incluirá, de acuerdo con las CCAA una serie de medidas de simplificación en la tramitación administrativa entre las que se contemplan aspectos como la no caducidad de los procedimientos por la inactividad involuntaria del solicitante; que en la propia resolución de grado se establezca el PIA; Modificar la LAPAD para que la prioridad en el acceso a las prestaciones y servicios venga determinada por el criterio de mayor necesidad o valorar la posibilidad de establecer un "procedimiento urgente" de acceso a las prestaciones para personas dependientes de elevada vulnerabilidad.

ACREDITACIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS

Además, en el primer semestre de 2021, el Consejo Territorial acordará las modificaciones del Acuerdo de acreditación de centros y servicios del SAAD de 2008 que sean necesarias para reforzar la calidad de los servicios (especialmente los de carácter residencial); las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos; las medidas necesarias para paliar la insuficiencia en el número de profesionales del que adolece el sector, junto a la estimación de las previsiones de los profesionales necesarios en los próximos años; la posible revisión de los precios de los conciertos; y la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de estos estándares, incluyendo un refuerzo de las inspecciones.

Estas modificaciones llevarán también una evaluación del impacto de las medidas que se acuerden sobre el coste de los servicios, para que se asegure su correcta financiación.

NUEVO DERECHO A LA TELEASISTENCIA

Por último, otro de los compromisos del Ministerio de Políticas Sociales y Agenda 2030 trasladado a las CCAA ha sido que al final de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un derecho subjetivo ligado a la condición de dependencia.

Antes de finalizar el segundo semestre de 2021, el Consejo Territorial acordará los cambios que haya que introducir en las condiciones que debe cumplir este servicio, se abordará la definición de la "teleasistencia avanzada" y se analizará el papel que debe desempeñar en el sistema.