26 febrero 2020 | Publicado : 12:02 (26/02/2020) | Actualizado: 12:31 (26/02/2020)
CCOO de Extremadura ha valorado las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros pero demanda la constitución de una mesa de negociación en la que participen los ministerios de Agricultura, Trabajo y Seguridad Social, empresarios y sindicatos, y que aborde "globalmente" los problemas del sector agrario.
Así pues, entre las principales cuestiones que debe analizar esta mesa para mejorar la situación del sector están, a juicio del sindicato, la calidad del empleo y de los salarios, "armonizando y racionalizando la negociación colectiva y aprobando reformas del Sistema especial agrario de la Seguridad social".
Además, entiende CCOO que se han de desarrollar e implementar políticas activas de empleo específicas para el sector; plantear medidas para mejorar la competitividad de las explotaciones agropecuarias, y avanzar en una "mayor transparencia y equilibrio" de la cadena alimentaria, prohibiendo la venta a pérdidas.
A su vez, a través de una nota de prensa, CCOO defiende que la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), cuyo presupuesto se está negociando actualmente, ha de priorizar la productividad y la creación de empleo en la concesión de las ayudas, dejando al margen "otros criterios menos sociales".
Asimismo, el sindicato ha valorado la reducción de las jornadas mínimas de 35 a 20 para acceder a las prestaciones del Subsidio y Renta Agraria en las comunidades de Extremadura y Andalucía, que se corresponde, ha dicho, con la situación actual de pérdida de empleo motivada por la sequía durante 2019, seguida de las inundaciones por la DANA y la borrasca Gloria.
Esta puede llegar a afectar a las 24.430 personas beneficiarias de media del Subsidio y Renta Agraria en Extremadura, según datos oficiales del SEPE del pasado mes de noviembre de 2019. De ellas, 16.108 son de la provincia de Badajoz y 8.300 de la provincia de Cáceres.
Igualmente, CCOO demanda que en la mesa de diálogo abierta se desarrollen las "reformas pendientes y comprometidas" en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social para avanzar en la modernización de las relaciones laborales en el campo para la mejorar los derechos de las personas trabajadores.
También CCOO considera importantes las medidas aprobadas en relación con el fomento de la contratación "más estable y de calidad" en el sector agrario, lo que debe implementarse y desarrollarse con medidas concretas de seguimiento de la contratación con la actuación decidida de la Inspección de Trabajo y Seguridad y del Observatorio del Fraude en la Seguridad Social en el sector agrario.
"Medidas que deben ir acompañadas de políticas activas (orientación profesional, FP) y con una dotación importante para la contratación de trabajadores en los Planes de Empleo Agrarios en el año 2020", ha indicado el sindicato.
CCOO ha considerado igualmente destacables las iniciativas adoptadas para el establecimiento y rejuvenecimiento de la población laboral en el sector agrario, aunque entiende que deben desarrollarse políticas de carácter integral que fomenten y diversifiquen el empleo en las zonas rurales para "evitar la salida continua de personas de la España vaciada".
CCOO comparte también las medidas adoptadas por el Gobierno de "más transparencia" en la cadena alimentaria y un equilibrio en ésta, para que los agricultores perciban precios justos en origen, prohibiendo la venta a pérdidas y la fijación de precios de venta de los productos que impidan la supervivencia de toda la cadena alimentaria.
"Esto debe redundar en el mantenimiento y competitividad de las explotaciones agropecuarias así como la mejora de la calidad del empleo de las personas asalariadas y en el cumplimiento de las obligaciones legales de los empresarios agrarios en cuanto a las retribuciones de las personas asalariadas por cuenta ajena", ha considerado.
Por ello, CCOO ha considerado que desde el Gobierno se debe favorecer, en el marco del diálogo social con los interlocutores sociales, la "armonización y racionalización" de la negociación colectiva en el sector primario y la industria agroalimentaria para establecer unos costes laborales "más justos y homogéneos", concluye.
