El PP extremeño asegura que "si el campo no funciona, las ciudades tampoco"

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, Fernando Pizarro, se ha referido este lunes a la situación “difícil” que atraviesan los agricultores y ganaderos en la región y ha asegurado que las reivindicaciones que provocaron las protestas la semana pasada “son justas”.

Así pues, ante este panorama, el dirigente 'popular' ha reclamado la "implicación" de los gobiernos regional y central para la sostenibilidad del sector, puesto que “si el campo no funciona, las ciudades tampoco”.

De este modo, durante una rueda de prensa ofrecida en Mérida, Pizarro ha señalado que los acontecimientos de la semana pasada en Don Benito fueron “dolorosos”, pero no pueden utilizarse como “cortina de humo” para “evitar hablar de lo verdaderamente importante, que es lo que produce y motiva esas protestas”.

Y es que, a su entender, “se ha terminado la paciencia de la gente que trabaja en el campo”, ha apostillado el portavoz del PP extremeño, quien ha asegurado que la situación que atraviesa el campo extremeño “nos afecta a todos”.

“Es difícil sobrevivir en esta situación” con “costes de producción que, en ocasiones, son mayores que el precio que tienen los productos” y que sin embargo, “en el mercado, se multiplican hasta en un 600%”, ha hecho hincapié.

Además, para el portavoz del PP, Extremadura cuenta con “tierras fértiles, personas cualificadas y una infraestructura importante” pero “no tenemos la ayuda de la Administración regional y nacional” para “ayudar a la sostenibilidad de este sector productivo”.

Igualmente, Fernando Pizarro ha mostrado la incertidumbre que genera la próxima negociación de la PAC, recordando que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, “no lo ha hecho nunca” porque “siempre se lo ha encontrado hecho”, tanto en 2007, que heredó la negociación de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como en 2015, cuando José Antonio Monago había garantizado la renta agraria.

Además, según informa el PP extremeño en una nota de prensa, Pizarro ha señalado que “a día de hoy” no se han realizado las tareas de cara a esa negociación, añadiendo que las incertidumbres son “altas”.

A este respecto, ha considerado que las medidas que ha tomado el Gobierno de España “han sido en contra del campo extremeño” recordando lo ocurrido con las nuevas plantaciones de cava, por lo que, a su juicio, “a la poca intención de ayudar, se suma que la Junta se doblega ante los intereses del Gobierno de Sánchez” algo que provoca que el futuro del campo extremeño “sea gris”.

Ante ello, Fernando Pizarro ha señalado que “por encima de la siglas políticas está el campo extremeño”, por lo que ha afirmado que el PP “se pone a disposición” de la Junta de Extremadura para “compartir experiencias e intentar que la negociación de la próxima PAC sea exitosa” para nuestros agricultores y ganaderos.

DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD PÚBLICA

Por otro lado, el portavoz del PP también ha denunciado el “desmantelamiento” de la sanidad pública por parte de la Junta de Extremadura, que está “cerrando servicios” en los hospitales o la falta de mantenimiento en los espacios sanitarios, como el desplome del techo en el Hospital de Campo Arañuelo, que provocan “situaciones de riesgo para los pacientes y los trabajadores”.

A colación de esto último, ha insistido en que a la "falta de oportunidades" en el campo extremeño y al "desmantelamiento" de los servicios públicos, el portavoz del PP ha añadido el aumento de parados en la región, según la última EPA conocida, en el que 17.800 extremeños se fueron a la calle.

“Son datos difíciles de asumir”, ha incidido Pizarro, ante lo que ha reclamado la presidente de la Junta que “no mire para otro lado buscando culpables” porque las competencias en materia de empleo son de la Administración regional.

Un aumento del número de parados que se suma a que el tejido empresarial “se desploma”, con casi 600 empresas menos en 2019, algo que provoca que la gente “huya” de Extremadura, ha lamentado.

Y es que, según sus palabras, en la región "no hay oportunidades, ni empleo y no hay servicios de calidad", algo de lo que tiene “especial culpa” el gobierno autonómico, que es quien debe garantizar que haya oportunidades para vivir aquí, ha sentenciado.