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Junta no puede actuar contra Ambulancias Tenorio hasta que "no haya una sentencia firme"

Una rescisión "sin todas las garantías legales" podría tener consecuencias indemnizatorias graves, como ha ocurrido con el caso del Hospital de Cáceres.

30 octubre 2019

Ep.

El director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud (SES), Vicente Alonso, ha recalcado que la administración regional no puede actuar contra Ambulancias Tenorio hasta que "no haya una sentencia firme".

Así, el responsable autonómico ha indicado que tomar algún tipo de medida antes de un pronunciamiento firme podría causar "inseguridad jurídica", a lo que ha añadido que una rescisión "sin todas las garantías legales" podría tener consecuencias indemnizatorias graves, como ha ocurrido, ha dicho, con el caso del Hospital de Cáceres.

Vicente Alonso se ha pronunciado de esta forma en una comparecencia ante la Comisión de Sanidad en la Asamblea de Extremadura formulada por Ciudadanos para informar sobre el servicio sanitario terrestre en Extremadura por parte de la empresa adjudicataria Ambulancias Tenorio.

En esta línea, el responsable autonómico ha resaltado que es el "deber legal y moral" de la Junta de Extremadura velar por el cumplimiento de este servicio, además de que incidir en que, en relación a las actas de la Inspección, el SES, desde un punto de vista legal, no puede tener una intervención más allá de estar expectante hasta que se resuelvan.

En su intervención, el director general de Asistencia Sanitaria ha explicado que quiere dar "certezas" y no opiniones en relación a la situación del servicio sanitario terrestre que desde el año 2017 es presentado por la empresa Ambulancias Tenorio.

En esta línea, ha recordado que el anterior concurso databa del año 2008, con una vigencia de 4 años y otros dos por prórroga, aunque ha indicado que desconocía las razones en las que se basó la prórroga forzosa realizada en el gobierno del PP cuando ya existían "múltiples denuncias laborales" y varios informes de la inspección que exponían una serie de "irregularidades".

Ante ello, ha dicho, el SES elaboró un concurso incluyendo criterios técnicos y cláusulas sociales y adjudicó este servicio "ajustado a derecho" y mediante un procedimiento "limpio y transparente", a pesar de que desde el inicio del mismo se puso el "tela de juicio" por colectivos de trabajadores ligados a la anterior empresa y grupos políticos.

Alonso se ha referido también a que el proceso de traspaso fue "muy complicado" por la "falta de colaboración" de la anterior empresa, un hecho que generó muchas incidencias, que ha cifrado en 600 reclamaciones en el primer mes de servicio de la nueva empresa, aunque, y posteriormente, gracias a la colaboración del personal, en los tres meses siguiente solo hubo 117 reclamaciones.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO "INTENSO Y CONSTANTE"

El director general en su comparecencia ha resaltado que la administración autonómica ha hecho un seguimiento del contrato "intenso y constante", ya que tiene una información casi al día de las incidencias que se pudieran producir, además de contar con ocho responsables de transporte terrestre, uno por área, y una comisión de seguimiento que se ha reunido en 10 ocasiones.

También ha detallado Vicente Alonso que, en lo que llevamos de año, se han efectuado 237 reclamaciones, lo que supone un 0,03% en función de los 800.000 servicios dispensados, o lo que es lo mismo, una reclamación por cada 10.000 servicios.

Este hecho, en su opinión, no significa que no haya incidencias, ya que se ha mostrado consciente de que existen varios condicionantes en un servicio que es complejo, por lo que la obligación de la administración es chequear las incidencias y ponerles remedios y a los incumplimientos establecerles una penalidad.

De esta forma, Vicente Alonso ha mostrado su compromiso por velar por las condiciones de los trabajadores aunque la Junta, ha dicho, no puede sustituir la labor de los comités de empresa o sindicatos, aunque ha participado en todos los actos de mediación y ha instado a las partes al acuerdo.

Por otro lado, y ante la huelga indefinida convocada por los trabajadores de Ambulancias Tenorio, el director general de Asistencia Sanitaria ha considerado la huelga un "fracaso" de la mediación entre empresa y trabajadores.

OPINIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado de Ciudadanos José María Casares Sánchez ha propuesto la creación de un grupo de trabajo para que la nueva adjudicación, ya que se anunciado que no se prorrogará el servicio, nazca del consenso de los grupos parlamentarios.

En esta línea, Casares Sánchez ha lamentado que desde la adjudicación de este servicio a Ambulancias Tenorio la "polémica ha envuelto la gestión" de la empresa, además de añadir que las mejoras contempladas en el concurso no se están cumpliendo, como han expuesto trabajadores, ha dicho.

También ha lamentado que exista "mal clima laboral", que se une a que la Consejería y el SES tampoco están satisfechos por cómo se ha desarrollado la prestación del contrato, toda vez que se ha dado a conocer la no prórroga del mismo.

Por lo que, en su opinión, hay "falta de valentía" en la administración regional a la hora de pedir la rescisión del contrato por las consecuencias legales que podría tener.

En el turno del PP, la diputada Elena Nevado, quien ha mostrado el apoyo de su grupo a los trabajadores del servicio del transporte sanitario, ha indicado que una administración no puede tolerar que un servicio "tan sensible esté tan lleno de incumplimientos.

De esta forma, ha considerado que este asunto es una "patata caliente" para la administración regional y se ha mostrado convencida de que muchos de los diputados socialistas estarían detrás de la pancarta si no gobernase su partido en la región, ya que "no se puede justificar lo injustificable".

Así, ha aseverado que los 'populares' extremeños quieren en este asunto "hechos y certezas" y ha pedido que entreguen las actas de las reuniones de la comisión de seguimiento porque los trabajadores siguen sufriendo "condiciones penosas" y también los pacientes.

Finalmente, y sobre los paros y huelgas celebradas, demuestran para el PP que la Junta no va a sumir ninguna responsabilidad ante los incumplimientos y ha añadido que el "mayor incidente" de este contrato se llama "Vara y Vergeles".

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha mostrado su sorpresa por el tanto por ciento de reclamaciones dado a conocer por el director general ya que, en su opinión, no corresponde al grado de malestar de los ciudadanos.

También ha considerado que la próxima huelga indefinida que se ha convocado en Ambulancias Tenorio es el "fracaso de un modelo que no ha funcionado" y ha añadido que el servicio está "completamente cogido con pinzas" y "hace aguas por todos lados".

Además, Macías ha criticado que al esperar a que termine el contrato hasta el año 2021 se emplaza a dos años que serán "muy difíciles" para los trabajadores y los pacientes, además de considerar que los motivos que se aducen en las actas de la Inspección de Trabajo son "muy graves" para fiar la respuesta de la administración a la espera de una sentencia firme.

Asimismo, ha vuelto a considerar factible que una empresa pública se pueda hacer cargo de un servicio de transporte sanitario terrestre, que es fijo.

Finalmente, la diputada del PSOE Catalina Paredes ha agradecido al director general que haya venido a hablar de "certezas y hechos", además de haber repasado los incidentes desde que la Junta licitó el proceso.

En su intervención, Paredes ha criticado que el PP prorrogó el concurso hasta el máximo legal permitido en una época en la que "imperaba la ley del miedo" y los trabajadores pedían ayuda a través de cartas anónimas.

En cuanto a la transición de la anterior concesionaria a la actual Ambulancias Tenorio, la socialista ha lamentado que estuviera llena de "presión y taconeo" de quienes no aceptaba un traspaso limpio, además de considerar que dicha adjudicación se está usando como "arma arrojadiza" por parte de la oposición.

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