21 marzo 2019 | Publicado : 14:03 (21/03/2019) | Actualizado: 14:25 (21/03/2019)
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La normativa ha contado con los votos a favor del PSOE y en contra del PP, y con la abstención de Ciudadanos y también de Podemos, que finalmente se ha abstenido tras lograr sacar adelante buena parte de sus propuestas y tras pactar con los socialistas la aplicación de un nuevo impuesto que grave a los grandes tenedores de inmuebles vacíos en la región.
La formación morada había planteado a través de una enmienda parcial la aplicación de un impuesto a las viviendas que estén desocupadas más de dos años, pero ha aceptado una transaccional de los socialistas en las que, mediante una disposición adicional, la Junta deberá aprobar en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley, otra para la creación de un impuesto a los grandes tenedores de viviendas.
La ley ha sido finalmente aprobada tras superar en su trámite parlamentario una enmienda a la totalidad del Grupo Popular que fue rechazada con los votos de PSOE y Podemos, y que este jueves también ha votado en contra por considerarla demasiado "intervencionista" y por incrementar la presión fiscal de la comunidad, y tras la posterior presentación por parte de los grupos parlamentarios de un total de 86 enmiendas parciales, tres de ellas de Ciudadanos, 39 del Popular y 44 de Podemos, todas ellas debatidas este jueves en la Asamblea.
El diputado de Podemos, José Luis Murillo, ha resaltado durante su intervención que la visión de su formación con respecto a la vivienda es diferente a la del PP, en tanto que Podemos pretende salir "en la foto con las familias", mientras que los 'populares' eligen situarse al lado de los bancos, y asimismo ha rechazado que la nueva norma sea excesivamente intervencionista, en tanto que viene a desarrollar una ley estatal.
En defensa de sus enmiendas, Murillo ha recordado que la Junta vetó la propuesta de ley de vivienda que su grupo parlamentario presentó al inicio de la legislatura, que contenía unas medidas que posteriormente sí fueron aprobadas y puestas en práctica en otras comunidades, y que asimismo han sido "validadas" por el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado contra ellas por el PP, y que ahora se recogen en sus planteamientos para mejorar el texto de los socialistas.
Por su parte, el diputado del Grupo Popular José Ángel Sánchez Juliá ha aseverado que las enmiendas de su grupo pretendían dar una "vuelta completa" al texto elaborado por el Grupo Socialista, que a su juicio peca de un "intervencionismo exhacerbado" y que "choca con la Constitución" además de invadir, ha dicho, los derechos de los consumidores.
En este sentido, ha asegurado que en este debate se contraponen dos modelos muy diferenciados, el de la "extrema izquierda podemita", y el del PP, que "apuesta por la libertad", donde el mercado inmobiliario y los colegios profesionales no estén "totalmente intervenidos por la Administración", así como "respetando la propiedad privada, algo que a PSOE y Podemos solo les preocupa cuando se trata de la suya", ha dicho.
Además, en sus enmiendas incluía una bajada de los impuestos de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados, que han sido rechazados.
CONTINUIDAD DE GISVESA
Sin embargo, ha conseguido el apoyo de Podemos para aprobar una enmienda a la que ha dedicado gran parte del tiempo de su turno de intervención, con la que se suprime del texto finalmente aprobado una disposición adicional en la que el PSOE planteaba la extinción de Gisvesa, la empresa pública "Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura S.A.U.".
Con ello, ha dicho, se protege a los once trabajadores despedidos de la empresa pública el 31 de diciembre de 2017, que están ganando los litigios por vía judicial en los que se declara nulo su despido pero que, con la extinción de la empresa, verían peligrar su reincorporación, según ha explicado Sánchez Juliá.
Este asunto ha obligado al vicepresidente de la Asamblea, que en esos momento dirigía el debate, a parar el tiempo de intervención del diputado popular tras reclamarle que centrase su discurso en la ley de acceso a la vivienda y no en la situación de la citada empresa pública, lo que ha motivado una bronca con varios diputados del Grupo Popular.
Por otro lado, no ha conseguido sacar adelante su propuesta de poner en marcha planes para el fomento de la construcción en el medio rural, para la recuperación de viviendas en barriadas deprimidas, otro para la rehabilitación de espacios públicos y edificios de interésarquitectónico, y un cuarto para la Accesibilidad Universal en el Parque Público de Viviendas, porque no ha aceptado una transaccional del PSOE.
REGISTRO DE INMOBILIARIAS
Por su parte, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez ha señalado que sus enmiendas pretendían garantizar la protección de los consumidores, y asimismo ha conseguido que se apruebe la propuesta de creación de un registro de agentes y agencias inmobiliarias, de inscripción obligatoria, cuyas características, desarrollo, gestión y régimen de inscripción se determinarán reglamentariamente.
Finalmente, la diputada socialista Belén Fernández ha justificado el rechazo a la mayor parte de las enmiendas del PP porque, en concordancia con las propias palabras del diputado 'popular', "desvirtuan" la propuesta, al tiempo que le ha reprochado que a su partido "no le interesa esta ley" y por ello "se ha dedicado a hablar de Gisvesa".
Asimismo, ha agradecido la "voluntad de diálogo" de Podemos para sacar adelante una ley que es "importante" para ambas formaciones, en tanto que se trata de "uno de los ejes fundamentales de la legislatura" en la que ambos partidos han alcanzado acuerdos que "sin duda" han mejorado la vida de los extremeños.
