28 febrero 2019
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha publicado el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, según el cual Extremadura obtiene una calificación global de 5 sobre diez, mejorando así en 2,5 la puntuación del año anterior.
Esta calificación se realiza, como en anteriores ocasiones, con los indicadores que esta asociación privada entiende que reflejan un adecuado funcionamiento del sistema de dependencia, según su propio criterio.
En este sentido, destaca de Extremadura la importante incorporación de nuevos beneficiarios, 3.607 nuevos dependientes, un 14,10 por ciento más que en el ejercicio anterior y por encima de la media estatal (10,41 por ciento), lo que la convierte en la tercera región que más ha incrementado esta cifra en el pasado año.
También pone de manifiesto la importante reducción del número de personas en espera de ser atendidas (lo que denomina “el limbo de la dependencia”).
De hecho, el 87,5 por ciento de las personas con dependencia reconocida están siendo atendidas y el número de personas pendientes de ser atendidas se ha reducido en 5.413 personas, es decir, se ha producido una reducción de la lista de espera del 14,7 por ciento. Extremadura se encuentra casi 7 puntos por debajo de la media en este apartado, muy por debajo de la media.
Otro dato positivo que señala el Observatorio de la Dependencia es que en nuestra región las personas en situación de dependencia reciben mayoritariamente servicios, en contra de las prestaciones de cuidados en el entorno que predominan en otras regiones.
De hecho, es una de las regiones donde las personas reciben más servicios en relación a la prestación económica para atención en el entorno.
También destaca Extremadura en determinados indicadores de impacto económico, estando por encima de la media en gasto público en dependencia y siendo la segunda que más empleo genera.
La capacidad de generación de empleo del sistema en Extremadura es muy elevada, con 51 empleos directos por cada millón de euros invertidos, lo que permite indicar que el año pasado se crearon 1.386 nuevos empleos en la región y, en su conjunto, el sistema está generando 8.877 puestos de trabajo directos.
Algunos datos que el Observatorio considera negativos están referidos al porcentaje de personas que no obtienen grado del total de solicitantes o la pérdida de beneficiarios de Grado III, que se explican por el importante número de solicitudes en relación a la población potencialmente beneficiaria (somos la segunda región en número de solicitudes por habitante).
También consideran negativa la escasa integración en la red de servicios sociales básicos, que se paliará con la publicación del nuevo decreto que se está preparando y la ausencia de adecuados sistemas de información.
Valora también negativamente la ratio de prestaciones por beneficiario, que en Extremadura se sitúa una décima por debajo de la media nacional y que es un aspecto que decide el propio beneficiario en el proceso de negociación.
Y, en este apartado negativo, la escasa presencia de los servicios de proximidad, por el desarrollo deficiente aún de la ayuda a domicilio pública. Este aspecto se ha tratado de corregir en los presupuestos del presente año para potenciar y mejorar este servicio.
El informe avala los datos ya presentados en ocasiones anteriores sobre la aportación económica de región para el sostenimiento del sistema. El Observatorio estima que el 77 por ciento del gasto público en dependencia (141 millones) proviene del presupuesto regional.
Un dato que subraya el propio Observatorio es que Extremadura ha dejado de percibir del Estado 95 millones de euros desde el año 2012, como consecuencia de la supresión del nivel acordado y el recorte del nivel mínimo contenidos en el Real Decreto-Ley 20/2012 y que suponían la aportación estatal.
Sólo en el pasado año 2018, Extremadura ha dejado de percibir del Estado 13,7 millones de euros como consecuencia de esos recortes. Con ese dinero se podrían haber atendido 2.413 nuevos dependientes y se hubiesen podido crear 707 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.
Además, de haberse aprobado el incremento de los 415 millones de euros del nivel mínimo de protección contenidos en el Pacto de Estado por la Dependencia, la región hubiera recibido 13 millones de euros para reforzar el sistema y, con ese dinero, se podrían haber atendido 2.283 nuevos dependientes y generado 669 nuevos empleos en Extremadura.
Por tanto, aunque se es consciente de la necesidad de mejora en varios aspectos del funcionamiento de la ley, en los que la Junta sigue trabajando, la Administración autonómica muestra una moderada satisfacción por el esfuerzo realizado por la región el pasado año en la incorporación de personas atendidas y que se ha reflejado en el importante crecimiento de empleo en este sector.
