27 febrero 2019
Ep.
La Junta de Extremadura se plantea la forma en la que pueda canalizar las denuncias y declaraciones de odio contra el colectivo LGTBI, principalmente vertidas a través de redes sociales, y en algún caso también en medios de comunicación, que ha recibido el pasado año 2018 el Observatorio contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
Sobre este asunto se ha referido este miércoles la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, tras entregar a la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, el primer informe del Observatorio contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, en el que se recogen las medidas y actuaciones realizadas por la Junta de Extremadura durante el 2018 en cumplimiento de la Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de política públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Unas denuncias que no están cuantificadas en el informe, ha detallado Iglesias, en tanto que "no le ha correspondido hasta ahora", si bien ha reconocido que ya desde este primer año se ha abierto "un espacio de reflexión" que no se contemplaba en la ley ni el desarrollo normativo de la misma, pero que "empieza a ser una necesidad", en referencia a cómo canalizar delitos o declaraciones de odio a través de las redes sociales.
Sobre éstas, ha señalado además que las que han llegado al Observatorio no se han producido en la comunidad, aunque sí se han denunciado en su ámbito territorial, por lo que "no se ha podido intervenir".
En este sentido, ha abogado por "empezar a recopilar para denunciar y prevenir nuevos casos". Por este motivo, la consejera se ha mostrado "medianamente" satisfecha con este informe, en el sentido de que es el primero que se elabora fruto de la ley LGTBI aprobada en el parlamento extremeño en 2015, pero no en cuanto al cumplimiento, porque seguro de que "quedan más objetivo que cumplir en esta materia".
Posteriormente, en su desarrollo reglamentario, se creó en 2017 el citado observatorio, entre cuyas funciones se encuentra la elaboración de un plan de actuaciones de la administración autonómica y presentarlo a la Asamblea.
Un informe en el que han participado, ha dicho Iglesias, todas las entidades que están representadas en el Observatorio, y que reúne una serie de actuaciones impulsadas desde la Junta y en colaboración con las entidades sociales que ha permitido intervenir "prácticamente en todas las áreas de la administración", ha señalado la consejera.
Así, se ha actuado desde el ámbito de las políticas culturales, con intervención directa entre otros en el Festival FanCineGay o en los planes de fomento de la lectura, promoviendo la diversidad desde los títulos literarios.
También se ha participado en la enseñanza, con la elaboración del estudio 'Abrir puertas, romper silencios', o en la aprobación de los protocolos contra el acoso escolar.
En el ámbito sanitario, se han puesto en marcha recursos como los servicio 'Yo soy plural', de atención psicológica, jurídica, de acompañamiento y de atención a la familia, así como en otros como la cooperación y la acción exterior.
Asimismo, Iglesias ha destacado que Extremadura ha sido la primera comunidad en incluir las políticas de diversidad y de atención al colectivo LGTBI en su agenda de cooperación y de ciudadanía global.
Por tanto, una de las principales conclusiones del informe pasa por "seguir trabajando en este ámbito, cooperando, coordinando, poniendo toda la Administración a favor de la lucha contra cualquier tipo de discriminación y a favor de la diversidad sexual".
