12 febrero 2019 | Publicado : 17:01 (12/02/2019) | Actualizado: 23:37 (12/02/2019)
El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura correspondiente al ejercicio 2016. Esta fiscalización, aprobada por el Tribunal de Cuentas, ha consistido, básicamente, en verificar si la rendición de las cuentas por todas las entidades que componen el sector público de la región se ha hecho respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido y si se han presentado de acuerdo con los principios y normas definidos en los planes de contabilidad.
En relación con la rendición de cuentas, según el informe, la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2016, fue rendida dentro del plazo legalmente establecido.
Se han integrado en la Cuenta General las cuentas anuales de todas las entidades obligadas a ello, a excepción de las correspondientes a un consorcio, una fundación y una asociación, siendo las cuentas anuales de estas dos últimas entidades rendidas fuera de plazo.
Todas ellas presentan la estructura y contenido aplicable de acuerdo con la normativa de aplicación, a excepción de los consorcios autonómicos con presupuesto limitativo que no se han adaptado al Plan General de Contabilidad Pública.
Por otra parte, los presupuestos y cuentas anuales de cuatro entes públicos y tres organismos autónomos se integran en los de la Administración General, "distorsionando" la representatividad de las cuentas de esta última e impidiendo el análisis "particularizado" de la contabilidad de dichas entidades dotadas de personalidad jurídica independiente.
OBJETIVOS DE ESTABILIDAD
Según el informe, Extremadura incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2016, al alcanzar un déficit del 1,69 por ciento del Producto Interior Bruto Regional, y por el contrario cumplió los objetivos de regla de gasto (con una variación efectiva del 0,2 por ciento) y de deuda, al alcanzar esta un 22,8% del PIB regional, lo que supone un importe de 4.059 millones de euros.
El referido incumplimiento motivó la presentación de un Plan Económico Financiero que obtuvo la declaración de idoneidad, si bien las medidas aplicadas resultaron "insuficientes", al incurrir la Comunidad en el incumplimiento de los objetivos de déficit y deuda en 2017.
Además, según informa el Tribunal de Cuentas en una nota de prensa, a 31 de diciembre de 2016 permanecían pendientes de resolver 576 plazas procedentes de las ofertas de los ejercicios 2010 y 2011.
Asimismo, a dicha fecha existían 1.276 comisiones de servicios cuya duración excedía el límite temporal previsto por el artículo 122.3 de la Ley de Función Pública de Extremadura.
En 2016 un total de 284 trabajadores obtuvieron la condición de indefinidos no fijos, "sin la previa resolución judicial", requisito exigido por la Disposición Adicional Novena de la Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2016.
Con ello, "en la mayor parte de incorporaciones realizadas, en 2016, por empresas, fundaciones y consorcios no se acreditan las razones de urgencia y necesidad que las fundamentan".
Por otra parte, la reducción interanual, en 78,73 días, del periodo medio de pago de Extremadura, determinado conforme al Real Decreto 635/2014, permitió que con fecha 17 de marzo de 2017 se diese por finalizado el procedimiento de retención que fue aplicado a la Comunidad durante 2016, en virtud de lo previsto por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
FUNDACIONES
A su vez, las cuentas anuales de 2016 correspondientes a cuatro fundaciones públicas autonómicas registran ayudas monetarias, "sin que se haya acreditado la preceptiva autorización por parte de la consejería de adscripción, conforme a lo previsto por la Ley General de Subvenciones".
En relación con las subvenciones concedidas a federaciones deportivas extremeñas, tanto directas como nominativas, se han apreciado "deficiencias" en su control interno y respecto al régimen de justificación de las mismas, "principalmente en relación con la admisión de determinados gastos".
Además, según el Tribunal de Cuentas, la adecuada imputación temporal de los acreedores al presupuesto del Servicio Extremeño de Salud hubiera supuesto una reducción de sus obligaciones reconocidas en 2016 en 165 millones de euros, con la consiguiente "incidencia" sobre su resultado presupuestario.
En esta línea, pese a haberse aprobado un Plan de Eficiencia Farmacéutica del Servicio Extremeño de Salud, en diciembre de 2015, "no" se han realizado informes de seguimiento del mismo.
Al respecto, el gasto sanitario de la comunidad creció, en 2016, "por encima" de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a largo plazo de la economía española, límite "impuesto" por el Instrumento de Apoyo a la Sostenibilidad del Gasto farmacéutico y Sanitario al que se había adherido la Comunidad en dicho ejercicio.
De igual manera, 228 centros docentes públicos no universitarios remitieron "fuera de plazo" las cuentas del curso 2015/16 a la Consejería de Educación y Empleo, la cual "no" ha formulado la cuenta consolidada del ejercicio, ni la de los cursos académicos que afectan al año 2016, cuya formación prevé la Orden de 23 de septiembre de 1999, que desarrolla el RD 2723/1998, de 18 de diciembre, por el que se regula la autonomía en la gestión económica de los centros docentes públicos.
También, según el informe, la Consejería de Educación y Empleo "no coordina los planes de acción internos que los centros educativos pudieran elaborar, a la vista de los resultados derivados de las pruebas de evaluación de tercero y sexto de primaria".
RECOMENDACIONES
En cuanto a las recomendaciones, que han objeto de seguimiento, se ha comprobado el "cumplimiento" en lo referente a la reestructuración del sector público autonómico, en el ámbito de sus fundaciones, la adopción de acuerdos del Consejo de Gobierno para proceder a la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública de Extremadura y la aprobación de directrices para la incorporación del personal y para la contratación del personal temporal en las entidades dependientes.
Permanecen, sin embargo, según el Tribunal de Cuentas, "pendientes de implantación" las restantes recomendaciones, en su "mayor parte" ya incluidas en informes de ejercicios precedentes, como las dirigidas a la modificación de la Ley de Hacienda regional, la dotación de presupuesto y contabilidad para las entidades públicas con personalidad jurídica independiente.
También sobre el desarrollo de determinados módulos del sistema de información contable, la presentación de una cuenta general consolidada, la concertación de un contrato programa para la prestación del servicio público de televisión y radiodifusión y el desarrollo reglamentario de la ley de educación de Extremadura, del registro de cuentas y de los planes estratégicos de subvenciones.
