PP se personará como acusación popular en proceso por subvenciones a cursos de formación

Ep.

El PP de Extremadura se personará como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por las subvenciones otorgadas en 2011 a diversas entidades de la región para impartir cursos de formación para ocupados, con el objetivo de comprobar "la veracidad, la realidad y el control que se ha realizado" sobre el dinero concedido para estos cursos.

Así lo ha avanzado la portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular, María Ángeles Muñoz, en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha considerado que las sentencias que se han dictado sobre este asunto corroboran que "ha habido un desvío del dinero público" en estos cursos, de ahí la necesidad de "defender los intereses de los extremeños".

En su intervención, la diputada del PP ha señalado que la última sentencia en torno a este asunto ha sido dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura este pasado 15 de enero de 2019, en la que se condena a la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex) al "reintegro parcial" de estas subvenciones.

Una sentencia que se suma a la dictada en 2017 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx en la que, según ha explicado Muñoz, se establecía que "CCOO tiene que devolver parcialmente las cantidades otorgadas en concepto de subvención para formación de ocupados porque no se han justificado los costes", ha dicho.

"Estamos hablando de falta de justificación de cantidades importantes de dinero público", ha señalado la también exconsejera de Empleo durante el Gobierno del PP, quien ha insistido en que "ha habido un desvío de dinero público" ante lo que ha lamentado que "ni la Junta de Extremadura, ni el PSOE por supuesto, ni Podemos, ni Ciudadanos van a ejercer esa acción de representar el interés legítimo" de los extremeños, por lo que será el PP "el que se persone en este procedimiento".

PROCESOS JUDICIALES

Por otra parte, María Ángeles Muñoz ha explicado que tras el proceso inicial de control de subvenciones comienza un procedimiento de tipo penal que parte de la comunicación a la fiscalía de los hechos que se entienden como constitutivos de delito y que, según ha dicho, "actualmente continúa con su tramitación".

Asimismo, ha indicado que junto al procedimiento penal, se desarrolla en paralelo un proceso contencioso administrativo de reintegro de subvenciones en relación a las ayudas para ofrecer cursos de formación a trabajadores otorgadas a las entidades Creex, CCOO y UGT en el año 2012 y que "obliga" a las entidades a devolver la parte de la subvención "que no está justificada", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que los "incumplimientos son los mismos" en las distintas entidades, al tiempo que ha aclarado que el proceso penal se asocia con delitos contra la hacienda pública y falsedad documental, mientras que el proceso contencioso administrativo sólo determina la "obligación" de reintegrar por el incumplimiento en el que ha incurrido, ha indicado.

De esta forma, Muñoz ha resaltado el "interés" del PP por personarse como acusación popular "en todos los procedimientos" ya que, según ha dicho, "los incumplimientos en los casos de la Creex, CCOO y UGT son similares", al tiempo que ha destacado que por una cuestión de plazos, se ha determinado que el PP "sólo" se persone en el caso relativo al control de subvenciones otorgadas a CCOO en 2011.

En concreto, el procedimiento en el que se personará el PP hace referencia a las subvenciones otorgadas a CCOO en 2011, con denuncias ampliadas a 2012, y en las cuales, según ha dicho, "no se justifica parte de la subvención", ha indicado.

En este sentido, ha resaltado que en 2011 la cuantía "supuestamente defraudada" por la Creex ascendía a 309.810,23 euros, mientras que la cuantía "no justificada" de CCOO "se desconoce", ha señalado.

Por último, ha destacado que mientras el procedimiento penal continúa, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se ha "pronunciado" respecto al procedimiento contencioso administrativo de reintegro de subvenciones de CCOO y UGT en 2012, señalando que las entidades "tienen obligación de devolver las cantidades y pagar las tasas judiciales", ha señalado.

PROCESO DE CONTROL DE SUBVENCIONES

Por otra parte, María Ángeles Muñoz ha recordado que el proceso de control de subvenciones otorgadas a las entidades para ofrecer cursos de formación a trabajadores fue "puesto en marcha" por el PP en 2015.

Así, ha resaltado que las "sentencias" emitidas por parte de la fiscalía en las que "corrobora supuestas irregularidades" en la justificación de subvenciones para cursos de formación "demuestran la validez de los procesos de control" que, según ha dicho, en su día fueron tachados por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Valentín García, como "fechoría, atentado contra el diálogo social y la acción sindical".