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La Junta modifica normativa para garantizar suministro eléctrico en pequeños municipios

Se ha respondido a una "urgente necesidad" para garantizar el suministro eléctrico de la Extremadura rural, una población que suma unos 30.000 habitantes.

20 noviembre 2018 | Publicado : 10:22 (20/11/2018) | Actualizado: 08:01 (21/11/2018)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dado a conocer este martes un decreto-ley con el que se pretende garantizar el derecho de los consumidores de energía eléctrica en zonas rurales de la región.

En concreto, este texto, que viene a modificar la Ley 2/2002, de 25 de abril, de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico en Extremadura, ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno en la sesión que ha celebrado en la sede de Presidencia, en Mérida, y se suma a las medidas que está poniendo en marcha el Ejecutivo regional en su particular lucha contra la despoblación.

Así pues, con esta medida, según ha señalado Vara en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, se atienden las demandas de algunos alcaldes de municipios de Extremadura en lo que ha calificado como “una urgente necesidad” de corregir la situación provocada por un elevado número de cortes en el suministro eléctrico.

Para ello, el decreto-ley, tal y como ha explicado el presidente de la Junta, introduce unos nuevos parámetros relativos a los índices mínimos de calidad del servicio con el fin de que los 41 municipios afectados, que ya “habrían incumplido” esos parámetros si el decreto ley hubiese estado en vigor, puedan revertir esa situación a partir del año próximo.

Entre esos municipios, que suman una población total de unos 30.000 habitantes, ha mencionado los de La Parra, Feria, La Morera, Salvatierra de los Barros, Nogales y La Lapa, tal y como detalla la Administración autonómica.

En este sentido, Fernández Vara ha recordado que vía para solucionar esos problemas es la de la inversión, por lo que el nuevo decreto-ley obliga a las compañías distribuidoras a invertir en los municipios donde no se alcancen los niveles mínimos de calidad, al tiempo que se prevé la imposición de sanciones económicas de hasta 600.000 euros en caso de incumplimiento.

Además, el máximo mandatario extremeño ha insistido en que la "urgencia" de la medida aconsejaba la adopción de la fórmula del decreto-ley, con el objetivo de abreviar el tiempo necesario para su tramitación, ya que “el invierno está llegando cargado de agua y viento y estos pueblos no pueden esperar”.

DEBERÁ SER RATIFICADO EN LA ASAMBLEA EN EL PLAZO DE UN MES

De hecho, Vara ha añadido que el decreto-ley entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial del Estado (DOE), si bien deberá ser ratificado en la Asamblea de Extremadura en el plazo de un mes.

En caso de que no fuera así, debería ser tramitado como proyecto de ley, cuyo trámite "es más lento", según ha recordado.

Finalmente, en relación con el reto demográfico y la lucha contra la despoblación, Fernández Vara ha señalado que “hay que pasar del dicho al hecho” y empezar a tomar medidas “que igualen en la calidad de los servicios por arriba y no por abajo”, ha sentenciado.

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