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En 2017, los juzgados recibieron 2.787 denuncias por violencia de género en Extremadura

Un estudio añade que, el desempleo es uno de los principales frenos para que las mujeres den el paso y pidan ayuda

19 noviembre 2018

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Los juzgados extremeños recibieron en 2017 un total 2.787 de denuncias por violencia de género, la cifra más alta desde que el CGPJ contabiliza los datos, según ha informado la Fundación Adecco, que expone que este número de denuncias ha crecido un 41,7 por ciento en el último lustro.

"Las empresas y poderes públicos tenemos la gran responsabilidad de dar respuesta a la cada vez mayor masa de mujeres que piden ayuda, a través de políticas activas de empleo y de no discriminación que garanticen un acceso continuado y sostenible al mercado laboral", ha apuntado Adecco.

Cabe señalar que, el paro, el miedo a las represalias, la inseguridad jurídica y la vergüenza frenan a las víctimas de violencia de género a denunciar, según se desprende de la sexta edición del informe de Fundación Adecco 'Un empleo contra la violencia', publicado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre.

En concreto, el desempleo es uno de los principales frenos para que las mujeres den el paso y pidan ayuda, como afirma un 71 por ciento de las encuestadas a nivel nacional, que hace alusión al paro y a las situaciones de precariedad como principales obstáculos para denunciar ya que, al no tener ingresos propios, depender en muchos casos económicamente del agresor y sentir menoscabada su autoestima, temen encontrarse solas, sin recursos e, incluso, perder la custodia de sus hijos.

Un porcentaje superior (80%) subraya el miedo a las represalias, previendo que la denuncia pueda tener un efecto multiplicador en la violencia, tanto sobre ellas como sobre sus hijos. Por otro lado, un 40 por ciento habla de inseguridad jurídica, al tener desconfianza en la protección que le proporcionará el sistema, y un 38por ciento admite no denunciar por vergüenza a "reconocer" las graves situaciones que ha tolerado, mientras que un 35 por ciento declara no querer perjudicar al agresor (prisión, pérdida de estatus social y familiar, etc).

Otras razones que llevan a las víctimas a la inacción están relacionadas con la esperanza de que su pareja cambie (31%) o la voluntad de "aguantar" para que sus hijos tengan una familia (25%), como añade el estudio.

La encuesta también profundiza en los aspectos que más valoran las mujeres víctimas de la violencia de género cuando acceden a un puesto de trabajo, siendo los elementos más intangibles los que han obtenido una mayor valoración.

Así, la estabilidad es el ítem al que otorgan un peso mayor (69,2%), seguido de un 53,8 por ciento que considera la independencia y la autonomía un tema crucial y un 47,7 por ciento que ve en el empleo la posibilidad de incrementar su autoestima y realizarse personalmente. Asimismo, un 28,5 por ciento valora que el trabajo le permite reforzar sus relaciones sociales. Aspectos más tangibles como son el horario y el salario han obtenido una inferior valoración, del 24,6 por ciento y 16,2 por ciento, respectivamente.

Aunque no existe un perfil sociodemográfico de mujer víctima, dándose por igual en todos los estratos económicos y sociocultural, el informe de Adecco hace alusión al proyecto europeo WeGo!, llevado a cabo en 12 centros de cuatro países europeos (España, Grecia, Bulgaria e Italia), que pone de manifiesto que casi 6 de cada 10 víctimas (59,1%) se encuentra desempleada en el momento de sufrir la violencia. Además, un 58 por ciento de las desempleadas es de larga duración, es decir, lleva más de un año sin encontrar trabajo.

Según la consultora de la Fundación Adecco, Begoña Bravo, "en muchas ocasiones, es la propia violencia de género la que aleja a las víctimas del mundo laboral, debido al bloqueo de acceso al empleo que ejerce el agresor, conduciéndolas a una espiral de aislamiento que deriva en mayores cotas de desempleo y en grandes dificultades para buscarlo. Asimismo, el hecho de no ser independientes económicamente puede ocasionar que la violencia de género se perpetúe en el tiempo".

Por su parte, el director general de la Fundación Adecco Francisco Mesonero lamenta que "el desempleo y los trabajos realizados en la economía sumergida conducen a más de 8 de cada 10 mujeres víctimas a la exclusión social y a la pobreza, propiciando que su situación se perpetúe en el tiempo". "Por ello, el empleo se alza como el recurso clave para hacer frente a la violencia de género, al constituir el único elemento que empodera transversalmente a las mujeres, incrementando su autonomía, independencia y autoestima", asevera.

"Si bien el empleo no es un muro infraqueable contra la violencia de género, sí constituye una sólida barrera que actúa como mecanismo preventivo, contribuyendo decisivamente a la recuperación integral de las mujeres, una vez han superado la situación de violencia", advierte.

AUMENTO DE LAS DENUNCIAS
El informe presentado por Fundación Adecco basa sus conclusiones en una encuesta a 500 mujeres víctimas de la violencia de género, así como en un análisis de los datos de denuncias por violencia de género ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que señala que, en 2017, los juzgados españoles recibieron un total de 166.260 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento del 16% con respecto al año pasado y un 29 por ciento desde 2012.

Las comunidades donde se han registrado los mayores aumentos de denuncias han sido Madrid (25,2%), Murcia (24,4%), Navarra (22,2%) y Aragón (22,1%). Por el contrario, Asturias es la única región en la que las denuncias han descendido (-1,3%).

"La progresión de denuncias podría considerarse positiva, en la medida en que cada vez afloran más casos de violencia, pero al mismo tiempo visibiliza el gran peso que sigue teniendo esta lacra en la sociedad", indica Mesonero que insta a empresas y poderes públicos a "dar respuesta a la cada vez mayor masa de mujeres que piden ayuda, a través de políticas activas de empleo y de no discriminación que garanticen un acceso continuado y sostenible al mercado laboral".

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