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El PP advierte de la "inconstitucionalidad" del nuevo Estatuto del Consumidor

La propuesta elaborada por la Junta y planteada ante el Pleno por el Grupo Socialista pretende regular la venta de combustibles en gasolineras.

15 noviembre 2018 | Publicado : 12:25 (15/11/2018) | Actualizado: 12:29 (15/11/2018)

Ep.

La Propuesta de Ley del Estatuto de los Consumidores de Extremadura elaborada por la Junta y planteada ante el Pleno en la Asamblea por el Grupo Socialista pretende regular la venta de combustibles en gasolineras, lo que ha llevado al Grupo Popular a advertir del riesgo de incurrir en un nuevo caso de inconstitucionalidad, como ya hiciera en la modificación de hace un año, al entender que es contraria a la regulación nacional.

En concreto, la diputada del PP Magdalena Carmona se ha referido a la disposición adicional primera, que según ha dicho es "inconstitucional" en tanto que "deroga de facto" el modelo de venta al público de gasolina y "acaba" con el modelo de las estaciones desatendidas.

Dicha disposición señala que en virtud de la prevención de riesgos de la salud o seguridad de los consumidores, se establece que todas las instalaciones de suministro al por menor de combustibles de venta al público en general, entre las 7,00 y las 22,00 horas, deberán acreditar parámetros de accesibilidad en los términos previstos en la normativa UNE 170001-2 o normativa de accesibilidad europea equivalente, así como contar con un dispositivo bidireccional de comunicación con un servicio de atención al cliente.

En caso de no acreditar estos parámetros de accesibilidad, se podrán sustituir tales medidas por disponer en la propia instalación de al menos una persona responsable que pueda atender a las personas con dificultades de accesibilidad al servicio de suministro de combustible.

Tras realizar esta advertencia, Carmona ha señalado que "de nada les ha servido" a la Junta evitar el recurso de inconstitucionalidad en la modificación anterior de la norma de hace un año a cambio de un acuerdo en la comisión bilateral Estado-Comunidad Autónoma, y que ahora "traicionan" con esta norma.

Por todo ello, ha señalado que no solo ha sido una "legislatura perdida", sino que además ha sido la del las "chapuceo jurídico", después de que la leyes de Emergencia Social de Vivienda y la de Medidas contra la exclusión social hayan sido declaradas parcialmente inconstitucionales, y tras evitar que ocurriera lo mismo con la anterior modificación del Estatuto del Consumidor.

Al respecto, la diputada socialista Ana Belén Fernández, encargada de defender la norma, ha subrayado sobre este asunto que la reforma realizada hace un año fue "valiente" y que su objeto no era otro que el de garantizar el acceso en condiciones de igualdad a este servicio a las personas con discapacidad, al tiempo que ha asegurado que en la comisión bilateral se llegó a un acuerdo con la UE en la que quedó patente que se cumple con la directiva de libre mercado y la protección de las personas con discapacidad".

Sobre las leyes aprobadas durante el presente mandato, ha respondido a la diputada 'popular' que ha sido "la legislatura de las leyes sociales para mejorar la vida de la gente".

LEY "ACTUALIZADA E INTEGRAL"

En su defensa de la nueva norma, que continuará con su trámite parlamentario tras superar el debate de totalidad al no haber sido presentada ninguna enmienda por parte de los grupos parlamentarios, ha defendido que pretende garantizar los derechos y la seguridad de los consumidores extremeños, adaptándola a los "nuevos escenarios" de la globalización y de las cada vez más habituales compras online.

Se trata, ha dicho, de una ley "actualizada e integral" que ha supuesto un "intenso realizado" por parte del Ejecutivo regional y que viene a sustituir a la anterior norma, aprobada en 2001, que ha sido objeto de varias modificaciones, la última la referida de hace un año, a través de "reformas parciales que no eran suficientes", ha señalado Carmona.

Una ley que además era demandada por las asociaciones de consumidores, que podrán hacer sus aportaciones al texto durante la tramitación parlamentaria, y que pretende adaptarse a una sociedad donde "todo sucede demasiado de prisa" y en la que cada día aparecen "nuevos hábitos de consumo".

Una "nueva realidad" que en muchas ocasiones, ha señalado, lleva al consumidor a enfrentarse a "situaciones de indefensión y desprotección".

Entre las novedades que presenta la nueva ley, según ha detallado Fernández, se encuentran la creación de una red de alerta de bienes y consumo, en la que se producirá un intercambio de información rápida; asimismo se crea la nueva Comisión del consumo y se elaborarán códigos de buenas prácticas en los que participarán las organizaciones de consumidores.

En cuanto a las reclamaciones, las empresas estarán obligadas a responder en el plazo de un mes.

Otras de las novedades es que se incluye como supuestos de especial protección a las zonas rurales, y asimismo, aunque reconoce que es ocasiones es "difícil de demostrar", introduce medidas de protección contra la obsolescencia programada.

También regula prácticas comerciales "agresivas", para defender al consumidor de las "continuas ofertas a domicilio", en las que se responsabiliza a la empresa.

Otro aspecto es la regulación de las listas de morosos, de modo que un consumidor no podrá ser incluido sin su conocimiento, para evitar que se entere de ello en el momento de realizar una operación bancaria.

En cuanto a las sanciones, se amplia el plazo para evitar la prescripción de las sanciones leves, y se obliga a los incumplidores a resarcir al cliente por posibles daños ocasionados.

En definitiva, según la diputada socialista, la nueva ley incide en la "seguridad, salud y protección" de los consumidores, para evitar que no siempre sea "la parte más débil" y que el perjudicado "siempre o casi siempre pague las consecuencias de los errores de otros".

NOVEDADES DE POCO CALADO

Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha reconocido que la ley recoge "algunas mejoras" pero que, en todo caso, "no son de una gran importancia".

No obstante, ha valorado que se hayan incluido los cambios más importantes introducidos en la última reforma, en referencia a las cláusulas abusivas, las titulaciones hipotecarias y el papel que desempeñan las asociaciones de consumidores.

De esta forma, ha señalado que su grupo, tras escuchar a las organizaciones de consumidores, tratará de mejorar el texto inicial durante la tramitación parlamentaria, y en este sentido ya ha avanzado que plantearán medidas para obligar a la exposición pública de precios y tarifas.

Por su parte, además de advertir de la inconstitucionalidad de la norma, la diputada del PP ha reconocido que el texto tiene otros aspectos que son positivos, en el sentido de que pretende proteger al consumidor que es cada vez "más exigente" en un mercado caracterizado por la globalización y la internacionalización.

Asimismo, espera que el texto que finalmente sea aprobado no deje el régimen sancionador "tan abierto".

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