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Extremadura y Andalucía analizan propuestas conjuntas sobre financiación autonómica

Desde la Junta de Extremadura, se destaca que ´es más lo que nos une que lo que nos separa´respecto a la comunidad andaluza

19 octubre 2018


 La vicepresidenta de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, han mantenido un encuentro, donde han analizado los problemas que comparten ambas comunidades respecto al sistema de financiación autonómica y han abordado las propuestas que tienen en común.

La vicepresidenta ha dicho que en este encuentro “nos hemos centrado tanto en lo que nos une como en lo que nos separa”, y ha destacado que, en el caso de Andalucía, “es más lo que nos une que lo que nos separa”.

Blanco-Morales ha explicado que, cuando se habla de financiación autonómica se habla “de qué políticas vamos a destinar a las personas” y ha recordado que el compromiso del actual Gobierno extremeño ha sido “cuadrar las cuentas sin descuadrar la vida de las personas”.

La vicepresidenta y consejera de Hacienda ha reiterado el compromiso con la estabilidad presupuestaria y ha hecho un llamamiento al resto de grupos políticos para que hagan “una oposición responsable en cuanto a los presupuestos y faciliten “subir más cómodamente” y con más recursos para todos la “cuesta de la estabilidad presupuestaria”, tal y como autoriza Bruselas al Gobierno español.

Según Blanco-Morales, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado permitirá a Extremadura ingresar más de 60 millones de euros, que se destinarán a “políticas para las personas”, en los próximos presupuestos autonómicos para 2019.

Además, ha pedido a los grupos parlamentarios extremeños que se muestren abiertos al diálogo para la negociación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019, cuya ronda de contactos se inició ayer con el grupo Podemos.

En el encuentro mantenido con el responsable andaluz de Economía y Hacienda, se ha abordado la necesidad de continuar con los trabajos de reforma del sistema de financiación autonómica.

La vicepresidenta ha explicado que respecto a ese sistema, Extremadura y Andalucía están de acuerdo en muchos principios relacionados con la suficiencia y la equidad, para que todos los españoles, residan donde residan, tengan garantizados los mismos servicios públicos.

Por su parte, Antonio Ramírez de Arellano ha manifestado que ambas comunidades comparten objetivos de desarrollo económico y cohesión social, con una asunción de responsabilidades de cada gobierno dentro de su ámbito de competencias que permita hacerlo de una manera solvente, ya que se trata de políticas que permiten una igualdad de oportunidades a los ciudadanos, al atender cuestiones fundamentales como la sanidad, la educación, o la atención a la dependencia.

Ramírez de Arellano ha añadido que tanto Extremadura como Andalucía consideran que más que un gasto, dichas políticas constituyen una inversión que garantiza la verdadera competitividad, y que esa responsabilidad la deben ejercer las comunidades autónomas contando con recursos suficientes.

El consejero andaluz ha destacado que con el cambio de Gobierno se ha retomado la reforma del sistema de financiación autonómica, que estuvo parada mucho tiempo durante el mandato de Mariano Rajoy, sistema cuyo principal problema la insuficiencia de recursos, que se puede cifrar en 16.000 millones de euros al año, para garantizar la igualdad y la equidad entre los distintos territorios.

Ramírez de Arellano ha destacado que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado por concluida la fase técnica para la reforma de dicho sistema, y ya se ha constituido un grupo de carácter político que aportará medidas concretas.

Esta reforma deberá aprobarse en el Congreso y en el Senado, según ha indicado en Mérida el consejero andaluz, quien ha resaltado que todos los partidos políticos deben comprometerse con esta cuestión de manera decidida, por lo que espera que los grupos “sean generosos” y hagan todo lo posible porque se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para que las comunidades puedan actuar devolviendo derechos a los ciudadanos.

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