21 septiembre 2018 | Publicado : 11:58 (21/09/2018) | Actualizado: 01:17 (22/09/2018)
Así lo ha destacado el secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, lamentando que los viticultores extremeños no han tenido información del precio de que las bodegas pagarán por el kilo de uva "hasta que no han transcurrido 15 días desde el inicio de la vendimia".
En concreto, Cortés ha lamentado que los productores "han tenido que esperar a que Bodegas Félix Solís S.L. haya publicado sus precios", para que las demás "con pequeñas variaciones, se rijan por los precios publicados por este industrial".
Según el dirigente de la organización, esta práctica utilizada por las bodegas "incumple de manera flagrante dos leyes", como es por un lado la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, que "obliga a que antes de que se recepcione el producto en la bodega, se tiene que haber firmado el correspondiente contrato", especificando el precio, la calidad o calendario de pagos.
También se incluye, a juicio de Luis Cortés, la Ley de Defensa de la Competencia, que "establece que no puede haber acuerdo en la imposición de precios, ni se permite el abuso de la posición de dominio".
"Todos los años sucede lo mismo, todos los años denunciamos lo mismo, y todos los años las Administraciones hacen lo mismo", que es "nada", ha aseverado Luis Cortés, quien ha añadido que tras la "mala cosecha" del año pasado, las existencias de vino en las bodegas "es mínima, por lo que el mercado está demandando este producto".
Por este motivo, el dirigente de La Unión ha considerado que esta campaña "debería mantener o incluso superar los precios de la campaña anterior", por lo que lamenta que "la rebaja de casi el 20 por ciento en los precios de esta campaña solo obedece al acuerdo implícito entre industriales".
Así, y según los cálculos realizados por La Unión Extremadura, el sector productor de vino de Extremadura podría perder 32,40 millones de euros si la Junta de Extremadura, "que es la competente para que se cumplan estas leyes en la región", no comienza "de una vez las inspecciones que obliguen a los industriales al cumplimiento de la ley".
Finalmente, Cortés ha avanzado que La Unión Extremadura va a denunciar ante el Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura lo que considera una "práctica fraudulenta" de las bodegas extremeñas, y ha reclamado el "endurecimiento de las sanciones para que esta situación no se repita año tras año".
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