12 junio 2018
Ep.
La Asamblea de Extremadura ha aprobado el dictamen, con las conclusiones del PP y Podemos, de la comisión de investigación sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del SES y la transición del servicio entre la anterior adjudicataria y la nueva, en este caso Ambulancias Tenorio.
El pleno de la cámara legislativa regional ha rechazado por tanto las conclusiones del PSOE como las de Ciudadanos, que no se habían incorporado al dictamen, y que han sido defendidas este martes como voto particular de cada uno de los grupos.
En el turno de defensa de las conclusiones, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha insistido en que se ha podido demostrar en la comisión de investigación que no se han hecho inspecciones del material con el que cuenta las ambulancias, por lo que su grupo da veracidad a las quejas expresadas en este sentido por trabajadores y pacientes.
Así, ha considerado también que las cláusulas sociales y medioambientales que contenía el contrato son muy escasas, además de criticar que la Junta ha sido "más laxa" con la empresa adjudicataria que con otros pequeños autónomos de la región a la hora de exigir determinados aspectos.
También ha criticado Podemos que no se cumplen con los convenios colectivos, y ante lo que, en su opinión, el Ejecutivo regional no está poniendo en marcha las sanciones necesarias para la empresa Ambulancias Tenorio.
Por su parte, en el turno de las recomendaciones, Podemos ha instado a la Junta a que estudie ya cómo convertir, después de los cuatro años del concurso, el servicio de ambulancias en un servicio en público.
Asimismo, ha demandado que a la actual empresa adjudicataria se le aplique todas las sanciones recogidas, al tiempo que ha mandado un mensaje de apoyo a los trabajadores que aún a día de hoy "siguen teniendo miedo".
Por su parte, el diputado del PP José María Saponi ha aludido al "caos" que se produjo al inicio de la prestación del servicio por parte de Ambulancias Tenorio el pasado 1 de noviembre, además de considerar que el PSOE registró una comisión de investigación para depurar lo que a su juicio era un posible boicot de los trabajadores cuando en realidad, en su opinión, lo que quería tapar era ese caos.
Así, y respecto a los trabajos de la comisión de investigación, que el PP apoyó por "responsabilidad y control democrático", Saponi ha defendido que la posición expresada por su grupo es que en la adjudicación del concurso han primado criterios económicos, así como que se vulneró la igualdad entre las empresas participantes porque se dio distinta información a los distintos licitadores, ha sostenido.
También, entre las conclusiones 'populares' contenidas en el dictamen de la comisión de investigación está un "trato de favor" a Ambulancias Tenorio, así como que, a día de hoy, no se han establecido las mejoras contenidas en los pliegos de adjudicación.
También, y como ha defendido, en las diferentes sesiones de la comisión no se ha podido demostrar que ha habido boicot por parte de los trabajadores de la anterior adjudicataria.
Por lo que respecta a los trabajadores, el PP ha criticado que el PSOE no se haya puesto a su "lado", además de lamentar las condiciones de los contratos, en donde el 90 por ciento son temporales.
Otra de las criticas contenidas en las conclusiones del PP es que la Junta ha tenido "falta de diligencia", momento en el que ha vuelto a considerar Saponi que es necesario que se produzcan dimisiones o ceses porque han sido "muchos los responsables políticos", aunque ha destacado entre ellos al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y al consejero de Sanidad, José María Vergeles, el "reprobado consejero".
CONCLUSIONES RECHAZADAS
Por su parte, al igual que ocurrió cuando se sometió a votación en comisión el dictamen, el pleno de la cámara legislativa ha rechazado las conclusiones de los grupos PSOE, que propuso la creación de la comisión de investigación, y las de Ciudadanos.
En el turno de Ciudadanos, su diputada María Victoria Domínguez ha defendido que en las sesiones de la comisión de investigación han quedado constatados una serie de hechos tanto documental como testimonialmente, entre ellos la falta de medios y coordinación, incidencias iniciales y las presuntas irregularidades que no han sido acreditadas, según ha expuesto.
También, y respecto a las personas que están inmersas en procesos judiciales, Domínguez se ha remitido a la consecuencias que se deriven en un futuro, al tiempo que ha destacado que su grupo apoyó la comisión por la importancia de las denuncias de hechos gravísimos por parte del PSOE, y que en su opinión, no han quedado demostrados.
También Domínguez ha dicho que espera que con la aprobación del dictamen se cierre este "culebrón" que no hubiera ocurrido, ha dicho, si la Junta hubiera sido más diligente, además de incidir en que fueron los pacientes los que sufrieron las consecuencias por el inicio del servicio por parte de Ambulancias Tenorio, que "no funcionó como debiera".
Por su parte, entre las recomendaciones de Ciudadanos, que no se han incluido, se encontraba la creación de un grupo de trabajo político para que controle y vigile el buen funcionamiento del transporte terrestre sanitario además de insistir en la necesidad de que se reduzcan, hasta la desaparición total, el número de contratos en prácticas.
Mientras, el Grupo Parlamentario Socialista ha defendido que el concurso del servicio de ambulancias fue "legal" y "transparente" a pesar de "algunas intenciones" de grupos de sembrar "dudas", además de resaltar que la cuantía económica no ha sido el único factor relevante para la adjudicación de un contrato que ha mejorado la prestación del servicio.
En esta línea, ha resaltado que gracias al concurso los tiempos de respuesta se han reducido, además de incorporar a los taxistas que prestaban el servicio de transporte sanitario como autónomos en los pueblos, no obstante ha criticado el número de contratos en prácticas.
En el capítulo de recomendaciones, el PSOE instaba a la Junta a manifestar un apoyo a los trabajadores por su labor en los primeros días en la transición del servicio, además de la creación de un grupo de trabajo y que el Ejecutivo regional vigile y siga el cumplimiento de las cláusulas sociales y solicitar la disminución de los contratos en prácticas.
Asimismo, el PSOE exigía la presencia de la representación legal de los trabajadores en la Comisión de seguimiento o, en su defecto, establecer la obligación de reuniones previas, con antelación de 48 horas a las Comisiones de Seguimiento, de esta representación con la dirección del SES.
