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Extremadura contará con un máximo de 43,29 millones de euros para ayudas de viviendas

El reparto de los fondos estatales ha sido acordado en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo que se ha celebrado este jueves

15 marzo 2018

Extremadura contará con una ayuda estatal máxima de 43.290.000 euros para subvenciones en el marco del Plan Estatal de Vivienda
2018-2021, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo, lo que supone 19 millones más que el periodo 2013-2016.

El reparto de los fondos estatales ha sido acordado en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo que se ha celebrado este jueves bajo la presidencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y a la que han acudido los consejeros competentes en la materia de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y
Melilla.

Para poder lograr esta cuantía máxima, Extremadura, como el resto de las comunidades y ciudades autónomas, tendrá que aportar un 30 por ciento adicional a la financiación que le corresponde en este plan, que cuenta con una dotación estatal de 1.443 millones de euros.

Este importe supone un incremento del 62,46 por ciento con respecto a la dotación presupuestaria de los ejercicios correspondientes al plan 2013- 2016 (888 millones de euros), según informa el ministerio en una nota de prensa.

La gestión de las ayudas del plan corresponderá, como en los anteriores, a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. La colaboración entre ellas y el Ministerio de Fomento se instrumentará mediante los convenios correspondientes, en los que se establecerá la previsión de financiación a aportar en cada anualidad por la Administración General del Estado, así como los compromisos de cofinanciación de las actuaciones que, en su caso, asuma la comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y de Melilla.

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA
Según destaca el ministerio, este nuevo Plan Estatal de Vivienda tiene como grandes objetivos contribuir al incremento del parque de viviendas en alquiler y fomentar la rehabilitación y regeneración urbana y rural.

En este sentido, contempla ayudas para el alquiler de viviendas a personas cuyos ingresos, sumados los de todos los miembros de la unidad de convivencia, no superen 3 veces el IPREM. Estas ayudas serán de hasta el 50 por ciento de la renta y para alquileres de hasta 600 euros al mes o, en algunos supuestos, hasta 900 euros al mes. El límite de la ayuda es, con carácter general, del 40 por ciento de la renta. Este porcentaje se eleva hasta el 50 por ciento para los menores de 35 años y los mayores de 65.

Para los jóvenes, se otorgan además ayudas para la adquisición de vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes, lo que ayudará a reducir la despoblación en el ámbito rural.

También se conceden ayudas de hasta el 100 por cien de la renta a las personas en situación de desahucio de su vivienda habitual para el alquiler de viviendas disponibles de las entidades financieras u otros propietarios.

Además, recoge ayudas para la promoción de viviendas, ya sean públicas o privadas, destinadas al alquiler durante un plazo no inferior a 25 años. Estas viviendas no pueden alquilarse por encima de un nivel de renta y se destinarán a familias con ingresos limitados.

Asimismo, se conceden ayudas a la rehabilitación edificatoria, para mejora de la eficiencia energética, conservación y mejora de la accesibilidad de viviendas y edificios; ayudas a la regeneración y renovación urbana y rural con un énfasis en los supuestos de infravivienda y chabolismo o ayudas a la rehabilitación y a la regeneración y renovación urbana y rural.

Por otro lado, se conceden ayudas a la promoción de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad con objeto de destinarlas al alquiler durante un plazo mínimo de 40 años. Se trata de viviendas con instalaciones y servicios comunes adaptados y con
alquiler limitado.

Están destinadas a arrendatarios con pocos ingresos. El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 refuerza la cooperación y coordinación interadministrativa y fomenta la corresponsabilidad en la financiación y en la gestión en esta materia, cuya competencia exclusiva es de las administraciones autonómicas y locales.
 

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