11 marzo 2018 | Publicado : 14:03 (11/03/2018) | Actualizado: 23:25 (12/03/2018)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en Administración pública en Extremadura, ha regisgtrado, en la Presidencia de la Junta, en las Diputaciones Provinciales, en todos los Ayuntamientos y en la Universidad, un escrito en el que solicita la convocatoria "urgente" de la mesa general de negociación para que se aplique a los empleados públicos que trabajan en la región el acuerdo firmado con el Gobierno central el pasado viernes.
En este escrito, CSIF indica la necesidad de abrir "cuanto antes" las negociaciones para que se pueda desarrollar "en su totalidad" un acuerdo que, entre otras medidas, contempla la creación de empleo, una mejora de salarios, elimina los descuentos por baja médica y regula la jornada de 35 horas semanales además de las 18 horas lectivas para los docentes.
Cabe recordar que, esta reivindicación de CSIF fue apoyada en la región por más de 8.000 firmas de empleados públicos que registramos hace unos meses para la vuelta a este horario, indica el sindicato en una nota de prensa.
En este sentido, CSIF ha puesto el énfasis en una cuestión que le "preocupa", como es la "alta tasa de temporalidad" en la administración autonómica, y que en plantillas orgánicas alcanza una media del 21 por ciento, que supera el 32 por ciento en algunos "sectores básicos y esenciales", como la Sanidad, la Educación y los centros de atención a personas mayores y dependientes.
Además, según un estudio de CSIF, el número de plazas a cubrir en el conjunto de todas las administraciones públicas en la Extremadura es de 11.000.
El sindicato muestra su "satisfacción" con el incremento salarial acordado para los próximos tres años pero considera que "no es suficiente". El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señalan, "ha olvidado en su propuesta un elemento esencial", el del contexto de la negociación, que ésta tiene como punto de partida una pérdida de poder adquisitivo en torno a un 20 por ciento, de tal forma, que los empleados públicos "cobran por su trabajo menos que hace diez años".
