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Junta propone a la cámara una postura única en financiación autonómica

La consejera de Hacienda propone a los grupos parlamentarios consensuar una postura única sobre la reforma del Sistema de Financiación Autonómica

01 febrero 2018

La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha invitado al consenso de los grupos parlamentarios para abordar una reforma del Sistema de Financiación Autonómica en el que quede patente la nivelación de todos los servicios públicos. 

Blanco-Morales se ha pronunciado de este modo en el pleno monográfico solicitado por el Gobierno autonómico celebrado este jueves en la Asamblea de Extremadura. 

La Junta de Extremadura ha propuesto un decálogo que recogerá las aportaciones de todos los grupos parlamentarios con el fin de adoptar una posición de consenso que será la que defienda la Comunidad Autónoma ante la Administración del Estado. 

La vicepresidenta ha explicado que aún no se conocer el modelo de financiación que va a proponer el Gobierno central, por lo que Extremadura va a solicitar que éste presente su propuesta en un plazo razonable de entre dos y cuatro semanas.

Este retraso, ha insistido, no impide que Extremadura defina su modelo que debe reflejar la diversidad sin poner en riesgo la igualdad, incluir las diferencias sin romper la equidad, promover la riqueza y garantizar el bienestar. 

Además, el nuevo modelo debe asegurar que las necesidades de los ciudadanos sean justamente ponderadas y adecuadamente atendidas.

MODELO EXTREMEÑO

La vicepresidenta ha asegurado que el nuevo sistema debe basarse en las personas, y no en los territorios. Lo que quiere decir que son los ciudadanos y no las regiones los sujetos pasivos de los tributos y los beneficiarios de las prestaciones que con ellos se costean.

Por ello, la titular de Hacienda ha defendido que la reforma del Sistema de Financiación Autonómica debería abordarse no como una pugna entre regiones, o entre éstas y el Estado, ni como un trasvase de fondos entre regiones; sino que debe garantizar que todos los españoles que estén en la misma situación reciban el mismo trato, contribuyendo en la medida de su capacidad y recibiendo en función de sus necesidades.

Otro principio sobre el que incide Extremadura es la provisión a las comunidades autónomas de los recursos necesarios para prestar los servicios y desarrollar todas las competencias que tienen asumidas, de cuya calidad son responsables ante los ciudadanos, y no solo los servicios públicos fundamentales. 

Blanco-Morales ha insistido en que, en ningún caso, Extremadura aceptará un modelo que le dote de menos recursos que los que recibe actualmente. 

El nuevo sistema debe incidir en el papel del Estado como garante de los principios de igualdad, equidad y suficiencia y tiene que establecer una política fiscal que no aliente la competencia en el diseño de los impuestos entre las comunidades autónomas ni incentive la deslocalización de personas y empresas.

TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD

En relación a las comunidades forales, y dentro del respeto de sus derechos históricos recogidos en la Constitución, la vicepresidenta ha destacado que Extremadura no está de acuerdo con el método del convenio navarro y del concierto vasco porque no garantiza la trasparencia en la fijación de la aportación de estas dos comunidades a la Hacienda Pública, ni que ésta se realice conforme a los principios de solidaridad y equilibrio entre regiones que consagra la Carta Magna.

DEUDA COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Extremadura también se opone a la condonación de la deuda que las administraciones regionales tienen con el Gobierno central porque debilita los compromisos de estabilidad presupuestaria, aunque no descarta estudiar su reestructuración.

La propuesta presentada por la Junta de Extremadura recoge que el futuro sistema regule la lealtad institucional, de forma que todas las comunidades autónomas puedan participar en igualdad de condiciones en todas las decisiones que les afectan.

Esto se tiene que materializar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debe ser un órgano más equilibrado y en el que la opinión de las regiones tenga un mayor peso en materias como la estabilidad presupuestaria o el régimen de los tributos cedidos. 

 

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