Podemos pide que la dependencia se incluya en financiación autonómica

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La diputada del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Extremadura, Jara Romero, sobre la negociación del sistema de financiación autonómica, ha indicado que ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, va "cuatro años tarde", por lo que "es hora ya de abordar" esta negociación pero desde criterios de "cooperación entre territorios" y "cumpliendo el principio de solidaridad, que es constitucional".

No obstante, Jara Romero ha indicado que el ministro Montoro "no es el único que va tarde" pues, su grupo no entiende que después de dos años desde que se constituyó una ponencia de expertos en la Asamblea para abordar la financiación autonómica y que elaboró un informe es ahora cuando la Junta de Extremadura trae este debate monográfico a la cámara legislativa regional.

DEFENDER LOS INTERESES DE LOS EXTREMEÑOS

Así, la diputada de Podemos ha remarcado que su grupo defenderá los intereses de los extremeños y, la posición de la región en este sentido se debería centrar en la suficiencia de los servicios públicos fundamentales, y la suficiencia debe está "directamente ligada" a la calidad de los servicios, ha dicho.

También ha asegurado que la sanidad y la educación son áreas "prioritarias" a la hora de plantear que estén suficientemente financiadas, pero también ha considerado que del debate de este jueves deben salir "los mínimos" con los que la región debe ir a negociar el sistema de financiación autonómica.

Entre esos "mínimos" debe estar incluir la dependencia dentro del sistema de financiación autonómica, ya que la Junta, hasta el momento, financia el 80 por ciento de los servicios cuando debería ser 50 por ciento por parte del gobierno nacional y 50 por ciento autonómico.

También ha dicho que el debate sobre financiación autonómica nunca debería ir unido "sino en paralelo" al de la condonación de la deuda o sobre deuda histórica.

Asimismo, Podemos ha considerado que deberían introducirse "como mínimo" para que la Junta fuera a negociar este sistema de negociación la reestructuración de los criterios en cuanto a la población ajustada.

 Y, ha afirmado que "no es justo" que solo se entienda los criterios de edad o población protegida teniendo en cuenta que los ciudadanos, dependiendo del territorio en el que vivan y la dispersión de ellos, les cuesta más o menos el acceso a los servicios públicos fundamentales.