27 noviembre 2017 | Publicado : 13:00 (27/11/2017) | Actualizado: 14:46 (27/11/2017)
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Aurelio Blanco, ha presentado en Mérida al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la Memoria Anual 2016 de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, donde se recoge un repunte en los delitos contra la libertad sexual, así como un aumento de las infracciones penales en el ámbito familiar en la región.
Aurelio Blanco explicó, respecto a la violencia en el ámbito familiar, que en algunos casos se trata de delitos cometidos por menores de edad, que es un dato que les preocupa pues, cuando se toman medidas sobre menores infractores se suele primar la estancia del menor con la familia para poder corregir su comportamiento, pero como en los casos mencionados la violencia se produce en el seno de la familia, pues resulta inviable y hay que recurrir a centros de protección de menores, siendo situaciones que si no se atajan pueden llegar a ser graves, indicó.
En la Memoria Anual de la Fiscalía, se recoge la evolución de la Administración de justicia desde el punto de vista del Ministerio Fiscal en la comunidad autónoma, la estadística de esa evolución y los problemas que se han ido encontrando a lo largo del año, según ha explicado Blanco.
La Fiscalía se encuentra, actualmente, en pleno proceso de innovación tecnológica, señaló el fiscal jefe, y destacó algunas de las sugerencias que formula este órgano, como realizar un cambio en el modelo previsto en la Ley de enjuiciamiento criminal para la investigación del Ministerio Fiscal, para que sea un modelo que dé cierta autonomía a la fiscalía en la investigación, y, además, modificar los plazos de la instrucción previstos en dicha ley, que es de seis meses, ya que este plazo resulta insuficiente en muchos casos, porque hay algunas figuras delictivas que son de difícil investigación y necesitan más tiempo.
Este órgano colabora con la Junta de Extremadura en varias materias, como la protección y reforma de menores; la violencia contra la mujer y la trata, a través del IMEX, y también en la protección de personas que tienen algún grado de discapacidad intelectual y carecen de familiares que puedan atenderlas, a través de la Comisión tutelar de adultos de la Junta.
