15 septiembre 2017
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La Junta de Extremadura va a exigir nuevamente al Gobierno central que devuelva a la comunidad autónoma la competencia sobre la organización de jornadas y permisos de los empleados públicos con el objetivo de recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales para sus plantillas.
Este asunto se abordará este próximo lunes en una reunión bilateral entre el Gobierno y la Junta a la que asistirán, por un lado, la secretaría de Estado de Función Pública, Elena Collado Martínez, y, por otro, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y la directora general de Función Pública, María del Carmen Vicente Rivero.
Así lo ha anunciado esta última en la Comisión de Administración Pública de la Asamblea de Extremadura, en una comparecencia para dar respuesta a una pregunta formulada por la diputada del Grupo Parlamentario Popular, María Auxiliadora Correa, sobre cómo tiene previsto la Junta implantar la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos.
En su intervención, Vicente Rivero ha detallado los últimos pasos dados en la negociación entre los sindicatos y la propia administración para recuperar las 35 horas semanales, si bien ha recordado que no tiene capacidad para ello debido a que esta materia depende de una ley general básica que es competencia del Gobierno central.
En este sentido, ha señalado que la comunidad autonómica "no se salta las normas", y que trata dentro de los "ámbitos de legalidad" adoptar las medidas en las que tiene competencia y de manera que "no sean impugnadas" como así ha ocurrido en otras regiones donde se ha adoptado se ha implantado la jornada de 35 horas.
Así, ha insistido en que Extremadura "no ha renunciado a la reivindicación máxima, que es la devolución de la competencia hurtada en materia organizativa de jornadas y permisos", y que esta será la principal reclamación que la comunidad exija al Gobierno en la reunión de este lunes.
Ante esta respuesta, la diputada popular ha señalado que la Junta está "mareando" a los empleados públicos con este asunto desde que se iniciara la legislatura, hace dos años, al tiempo que ha resaltado que el propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que fue quien se comprometió a aplicar esta medida al incluirlo en su programa electoral, era conocedor de la "imposibilidad" de su cumplimiento porque depende de una ley básica estatal, y que pese a ello volvió a insistir sobre ello en el último Debate sobre el Estado de la Región.
"La respuesta siempre es que es imposible debido a una ley estatal que lo impide", ha recriminado Correa a la directora general, al tiempo que ha mostrado su preocupación por la forma en la que se va a implantar la jornada de 35 horas, una cuestión en la que se mantienen abiertas "muchas incógnitas".
Entre ellas se ha preguntado si, llegado el caso, se aplicaría en todos los sectores al mismo tiempo, o si por el contrario se haría primero en la Administración General, donde "parece que hay más consenso", lo cual supondría una "discriminación" respecto al resto, es decir, para los del ámbito educativo y el sanitario.
Al respecto, la directora general ha señalado que mientras los trabajos en el grupo de trabajos en el ámbito de la Administración General están más avanzados, en el caso de Educación y Sanidad aún deben concluir los "informes y propuestas correspondientes".
En cualquier caso, ha reconocido que en unos ámbitos "la implantación de la jornada es más sencilla" pero "en otros implica la reorganización de efectivos y planillas", ha dicho, si bien ha aclarado que la Junta no renuncia a que se aplique por igual.
La directora general ha señalado, no obstante, que cuando se están produciendo negociaciones "no es norma" estar trasladando constantemente "falsas expectativas" a los empleados públicos, sino que "es mejor negociar con discreción", para llegar a acuerdos y "poder implantarlos de manera efectiva".
FLEXIBILIZACIÓN DE LA JORNADA
Por otro lado, ha señalado que en la mesa sectorial en Administración General se han abordado ya nuevas medidas de flexibilización, como la relativa al teletrabajo, que ya ha pasado la primera fase de Consejo de Gobierno y que está pendiente del dictamen de la comisión jurídica, si bien ha señalado que tiene "visos de ir a buen puerto".
Además, esta misma semana, el pasado lunes, se ha reunido la mesa sectorial de la Administración General y la comisión negociadora del Personal Laboral, en la que se han acordado medidas de flexibilización y racionalización de la jornada de trabajo para los empleados públicos de este ámbito.
Entre ellas, se ha referido a la posibilidad del disfrute fraccionado de asuntos particulares y la puesta en marcha de bolsas horarias para el cuidado de familiares y menores enfermos.
Por otro lado, la flexibilización de acceso entrada y salida de 15 minutos máximo, y la implantación en paralelo de una plataforma de formación online, para que los empleados puedan desarrollar actividades e itinerarios formativos que acrediten la realización de esa parte restante de la jornada. La efectividad de estas medidas se revisará dentro de un año.
