31 julio 2017 | Publicado : 13:07 (31/07/2017) | Actualizado: 14:40 (31/07/2017)
La Junta de Extremadura ha defendido en el informe de la Comisión de Expertos para la revisión del Modelo de Financiación Autonómica, entregado el pasado 26 de julio al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que cualquier reforma necesaria para que se obtengan más recursos, debe fundarse "en los principios de progresividad, equidad y solidaridad".
Así lo ha manifestado este lunes la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, acompañada de la experta designada por la Comunidad Autónoma, Elena Manzano, durante una rueda de prensa celebrada en la sede de Presidencia, en Mérida, para informar el voto particular emitido por Extremadura.
En líneas generales, el voto particular presentado por Extremadura está fundamentado en la necesidad de llevar a efecto "un estudio en profundidad" que mida las necesidades en la prestación de servicios públicos fundamentales y no fundamentales, al tiempo que "garantice la nivelación plena".
Además, el documento recoge otras dos variables sustanciales, como son la "no eliminación de la cláusula sobre el statu quo", y a "no tener en cuenta el principio de ordinalidad" como el que rija la financiación autonómica.
Así pues, en relación con el statu quo, Manzano ha insistido que con el nuevo modelo, "ninguna comunidad autónoma debería recibir menos ingresos que con el anterior modelo", tal y como informa la Junta en una nota de prensa.
En este sentido, ha explicado que "no existen evidencias empíricas concluyentes" de que las variables elegidas y utilizadas para el cálculo de costes se aproximen a los reales de las comunidades en la provisión de servicios públicos fundamentales, por lo que "no reflejan adecuadamente las necesidades propias de cada región".
RECHAZO PRINCIPIO DE ORDINALIDAD
En cuanto al principio de ordinalidad, mecanismo que garantiza que una región mantenga su posición en el ranking de riqueza una vez se haya producido la redistribución territorial de los recursos, la Junta de Extremadura ha mostrado su rechazo, "al no tener encuadre de constitucionalidad y vulnerar el principio de solidaridad".
Finalmente, el grupo de expertos extremeño ha entregado una "alternativa perfeccionada" sobre el documento propuesto, que "impida la territorialización y la discriminación de los servicios autonómicos", al tiempo que "garantice la mejora del Estado de Bienestar sin quebrantar el principio de igualdad", concluye la Junta.
