18 julio 2017 | Publicado : 12:50 (18/07/2017) | Actualizado: 17:01 (18/07/2017)
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un decreto por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establece un conjunto de medidas "favorecedoras" de la integración laboral de este colectivo de empleados públicos.
Así lo ha anunciado la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, durante la rueda de prensa ofrecida en Mérida con posterioridad a la reunión semanal del Gobierno extremeño y en la que ha destacado este acuerdo entre los aprobado por el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara.
De este modo, por lo que respecta al decreto sobre al acceso de personas con discapacidad al empleo público, la portavoz ha señalado que las novedades que incorpora lo convierten en el “más avanzado de España hasta la fecha”, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.
Entre otras medidas, el nuevo decreto eleva hasta el 10 por ciento el cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad en las convocatorias de empleo que efectúe la Administración regional, ha dicho Gil Rosiña, cuando “en el Estado está regulado en un 7 por ciento”.
Además, este decreto, que deroga el anterior sobre esta misma materia, ha sido "consensuado" con los agentes sociales y obtuvo el visto bueno de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma el pasado mes de abril, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo.
INCORPORAR PLAZAS VACANTES
Otras medidas incluidas en la nueva normativa son la posibilidad de incorporar las plazas que queden vacantes por el turno de discapacidad al turno libre, cuando “antes se perdían”, excepto en el caso del porcentaje reservado a personas con discapacidad intelectual, que “se acumulan, si no se cubren, a la oferta siguiente”.
A su vez, otra novedad es la reserva de plazas para promoción interna de los empleados públicos con discapacidad, que hasta ahora no existía, así como la inclusión de la tutoría y el apoyo en el supuesto de aspirantes con discapacidad intelectual en los procesos de acceso a la Función Pública, y la necesidad de potenciar la formación de personas que accedan por el turno de discapacidad intelectual.
De este modo, ha añadido Gil Rosiña, la discapacidad se convierte, al igual que ya ocurre con la maternidad, las excedencias y situaciones asimiladas, en “una situación que prima en el acceso a la formación de los empleados públicos”.
Por otra parte, se establece una nueva composición del Consejo Asesor para la Integración de las personas con discapacidad con el fin de dotar a este de una dimensión eminentemente técnica.
Así, se incorporarán tres representantes designados por el CERMI, como entidad que engloba a las organizaciones que velan por los derechos del colectivo de personas con discapacidad, ha sentenciado.
