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7.734 personas están llamadas a votar en Mérida, 256 más que en elecciones del 21D

El portavoz municipal, Julio César Fuster, lo ha indicado antes de celebrarse el sorteo para designar a los integrantes de las mesas electorales

03 noviembre 2026

Un total de 47.734 personas están llamadas a votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en Mérida, que representan 256 más que en los pasado comicios autonómicos de diciembre y 868 electores más respecto a las elecciones generales de 2023.

Según Fuster, Mérida contará con 73 mesas electorales distribuidas en 23 colegios, tres mesas más que las últimas elecciones generales de junio de 2023.

Así, para la constitución de estas mesas electorales se han designado 73 presidentes o presidentas titulares y 146 vocales titulares, dos por cada mesa electoral, junto a los suplentes.

Cabe destacar que son elegibles todas las personas que están en el censo electoral y que comprenden la edad entre 18 y 70 años, aunque, todas aquellas personas que cuenten con más de 65 años pueden renunciar a la designación.

Una vez que se realice el sorteo público, todas las personas suplentes y titulares recibirán una notificación en su domicilio y, a partir de ahí, conforme a la normativa electoral, tendrán una serie de días para presentar o no su excusa, tras lo que serían ya miembros oficiales de estas mesas electorales.

Por sexo, 22.972 electores son hombres lo que representa un total del 48,13 de la población electoral y 24.762 mujeres lo que supone el 51,87 por ciento del censo electoral. El colegio electoral de mayor censo es el Miguel de Cervantes, con 6.176 electores, y el de menor censo, el Pablo Neruda con 718.

Por su parte, la secretaria general del Ayuntamiento de Mérida, Mercedes Ayala, ha recordado algunas de las circunstancias que pueden dar lugar a la presentación de una excusa justificada a la Junta Electoral para no ser miembro de una mesa electoral.

Entre ellas figuran, ser mayor de 65 años, estar en una situación de incapacidad temporal para el trabajo, tener una gestación de más de seis meses o estar en situación de internamiento en centros penitenciarios o en hospitales psiquiátricos.

También haber formado parte de una mesa al menos en tres ocasiones en los últimos diez años, tener condición de víctima de delito por violencia de género o tener previsto para esas fechas una intervención quirúrgicas o pruebas clínicas, entre otras.
 

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