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Sin apoyo de la oposición
21 enero 2026 | Publicado : 14:01 (21/01/2026) | Actualizado: 15:11 (21/01/2026)
Ep.
El Ayuntamiento de Mérida ha aprobado el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), así como la ordenanza municipal que la regulará, para la que se abre un plazo de alegaciones, y para la que el gobierno local se ha comprometido a poner en marcha una amplia campaña informativa, a implantarla de forma "progresiva", a no ejecutar el régimen sancionador inicialmente y a no ampliar ni las zonas afectadas ni las restricciones al tráfico.
Y es que, tal y como ha reiterado el concejal delegado de Movilidad Urbana Sostenible, Felipe González, y a fin de desmentir, ha señalado, los "bulos" que se han venido vertiendo sobre la ZBE, cualquier ciudadano residente en la ciudad y que tenga su vehículo empadronado en Mérida "podrá entrar sin ningún tipo de limitación" y, asimismo, se dará 30 minutos de cortesía para salir a los visitantes que entren en la zona por error.
Tanto la aprobación del proyecto como de la ordenanza han salido adelante en el Pleno Municipal con el único voto a favor del Grupo Socialista, con la abstención de PP y Unidas por Mérida, y en contra de XMérida y Vox.
El concejal, que ha reconocido que uno de los principales "retos" a los que se enfrenta el ayuntamiento es al de informar a la ciudadanía sobre la implantación de la ZBE, ha reiterado que su puesta en marcha se debe al cumplimiento de la ley que obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, así como ha redundado en los beneficios que reportará su implantación.
Entre ellas se ha referido a mejora de la fluidez del tráfico, ya que la tecnología implantada ofrecerá información en tiempo real sobre plazas de aparcamiento disponibles, tanto en parking como en reservados para personas con discapacidad, o de carga y descarga, así como de posibles aglomeraciones, que permitirán elegir el mejor itinerario.
La ZBE afectará a una zona "pequeña" de 30,7 hectáreas, ha dicho González, así como ha asegurado que, si bien el proyecto contempla la posibilidad de ampliarla incluso a 90, este equipo de Gobierno "en ningún momento" lo va a hacer, y "se quedará como viene, en una fase inicial que será definitiva".
Una zona, ha insistido, que mayoritariamente es ya peatonal, porque, por otro lado, así lo decidieron en su momento los equipos de gobierno en anteriores legislaturas.
En este sentido, ha querido desmentir "mentiras" y "bulos" que se llevan escuchando en torno a este proyecto en los dos últimos años respecto a la libertad de movimientos y la intimidad de los vecinos.
"Nadie se va a quedar fuera del centro", ha remarcado el edil, que en todo caso insiste en que será "mucho más accesible" y que, además, se ha remitido al modelo de ciudades europeas que han apostado por un centro urbano "más transitable" con el que "han ganado en vida y han mejorado los comercios".
IMPLANTACIÓN PROGRESIVA Y PEDAGÓGICA
El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que ha tomado la palabra en nombre del Grupo Socialista para cerrar las intervenciones, ha asegurado en esta línea que la implantación será "progresiva" y "pedagógica", de modo que ha avanzado la elaboración de un "plan de comunicación", ha dicho, para llevar a todos los vecinos la información "buzón por buzón" y con reuniones con colectivos.
"No va a haber una implantación de todo esto hasta que el último vecino conozca el funcionamiento" de la ZBE, "nos cueste lo que nos cueste", ha redundado.
Así, ha apuntado que una vez aprobada la ordenanza todos los dispositivos implantados se pondrán en funcionamiento, pero la aplicación del régimen sancionador dependerá del gobierno local, de modo que "no hay que aplicar sanciones en el momento de entrada en vigor de la ordenanza", ya que en el propio reglamento se puede incluir un "periodo transitorio" en el que los vecinos sean advertidos de posibles infracciones porque "no hay ningún interés ni afán recaudatorio", ha aseverado.
Rodríguez Osuna ha incidido en los beneficios que reportará el sistema de información instalado gracias a los fondos europeos recibidos por la implantación de la ZBE, y en este punto se ha centrado en la seguridad vial, ya que permitirá detectar a conductores que circulan sin seguro, ITV o carnet de conducir.
SIN APOYO DE LA OPOSICIÓN
Ninguno de los cuatro grupos de la oposición ha apoyado el proyecto elaborado por el gobierno local. En este sentido, el concejal del PP Francisco Javier Gómez ha reconocido que el ayuntamiento está obligado por ley a poner en marcha la ZBE y que en ningún caso se va a posicionar en contra del cumplimiento de la legislación vigente.
En todo caso ha rechazado que se trate de justificar esa implantación "con argumentos que no son ciertos", en alusión a la contaminación, que es un factor que, si bien afecta a grandes ciudades, en el caso de Mérida es un "problema" que es "evidente que no existe", en tanto que la calidad del aire de la ciudad es "inmejorable".
Asimismo, cree que ya se estaba cumpliendo con la aplicación de una zona de bajas emisiones "de facto" con el proceso de "peatonalización" de numerosas calles de la ciudad que se viene realizando "desde hace muchos años", y en este sentido cree que el criterio que se debería seguir es limitar la ZBE a estas zonas ya peatonalizadas.
Por otro lado, ha sugerido acompañar esta implantación adecuando las calles para favorecer el uso de la bicicleta y otros vehículos no contaminantes, así como una revisión del transporte urbano.
Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Vox, Marta Gervasia Garrido Moreno, ha incidido en los mismos argumentos al señalar que "según todos los estudios" Mérida es la ciudad de Extremadura "con la mejor calidad de aire", mientras que, al igual que ha hecho referencia el portavoz de XMérida, Miguel Valdés, según el propio proyecto, las calles con mayor contaminación acústica de la ciudad son las peatonales.
Para Vox, la ZBE es una "imposición ideológica, no corresponde a un problema real, es una medida que coarta la libertad de los emeritenses, crea ciudadanos de primera y de segunda", así como "castiga sobre todo a las clases medias, a los mayores y al comercio".
Por su parte, el portavoz de XMérida, Miguel Valdés, ha señalado que el ayuntamiento podrá hacer "toda la pedagogía que quiera", pero no podrán convencerles de "una cosa que no tiene ningún sentido en Mérida, que es hacer una zona de bajas emisiones con más o menos restricciones", porque en definitiva, bajo su punto de vista se trata de un proyecto que pretende solucionar "un problema que no existe" en Mérida.
"Ustedes han creado una vacuna para una enfermedad que no existe", ha apostillado Valdés, quien sostiene al respecto que el propio proyecto recoge que en la ciudad no supera, y ni siquiera se acerca, a los límites de contaminación "más restrictivos" de la Organización Mundial de la Salud.
Finalmente, la portavoz de Unidas por Mérida, Montserrat Girón, aunque se ha abstenido en la votación, ha apoyado la implantación de la ZBE por tratarse de una "necesidad ambiental real y de salud pública" y porque se enmarca en las políticas que favorecen la transición ecológica, si bien ve como principal carencia el transporte público urbano, que "no es capaz de absorber ese cambio modal, que por progresivo que sea, pues cuanto antes se pudiera dar pues sería lo más deseable".
Por otro lado, en el pleno municipal de este miércoles se ha aprobado de forma definitiva la Cuenta General de 2024 y ha sido rechazada una moción de Vox, con los votos en contra del PSOE, PP y Unidas por Mérida, y a favor de XMérida, para instar al Gobierno a suspender la obligatoriedad de la baliza V-16, al considerarla una nueva imposición y una carga económica innecesaria para millones de familias, asegurando que no hay "estudios independientes y concluyentes que acrediten su eficacia real".
