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21 abril 2025
La delegada de Accesibilidad Universal, Susana Fajardo, ha resaltado que "la Junta de Extremadura insiste en el diseño de un Plan Respiro que es insuficiente en lo económico y no cumple con las demandas y expectativas de las familias", expresando la postura del ayuntamiento de Mérida ante este programa que coordina la administración regional.
Fajardo explica que, de los 103.000 euros que destinan a Mérida “según sus propios cálculos para 4.200 personas que podrían ser beneficiarias de estas ayudas, estamos hablando de 2 euros al mes y mientras destina y gasta en un día 650.000 euros en unos premios, la salud mental y física de una madre cuidadora vale para la Junta de Extremadura 2 euros al mes”.
La edil recalca que estas ayudas “no cubren las necesidades de las familias, ni sus demandas, ni sus expectativas y esto se lo hemos trasladado a la administración regional y no nos ha querido escuchar”.
Fajardo incide en que las familias “quieren que el Respiro sea gestionado a nivel regional y por las entidades expertas que son las que dan tranquilidad. No quieren personas ni impresas extrañas ni que sus hijos vayan de forma individual porque no les da tranquilidad. Las familias no se han sentido escuchadas por la junta de Extremadura”.
La concejala añade que, desde el ayuntamiento, “invitamos a Guardiola que los 103.000 euros de este programa los destine directamente a las entidades que gestionaban este plan tradicionalmente que es lo que las familias quieren”.
Junto con ello, subraya que "el PP de Mérida no debe pedir compromisos al ayuntamiento de Mérida, porque nuestro compromiso con familias y entidades es incuestionable. Y un claro ejemplo de nuestro proyecto real por la accesibilidad universal son los proyectos de vida independiente, eliminación de barreras arquitectónicas, campamentos, la gestión del empleo para personas con discapacidad, y así un largo etcétera que aportamos en el día a día para facilitar la vida de las personas con discapacidad”.
La delegada de Accesibilidad Universal remarca que “quien tiene que tener compromiso con las familias, las personas con discapacidad y las entidades del tercer sector es la señora Guardiola y la Junta de Extremadura, que debe asumir su responsabilidad y no delegarlo a los ayuntamientos ni a las familias que ya están suficientemente sobrecargadas y no quieren gestionar de forma individual el respiro de sus hijos”.
