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30 marzo 2022 | Publicado : 16:13 (30/03/2022) | Actualizado: 19:01 (30/03/2022)
El PP de Mérida ha mostrado su "malestar" con las "desafortunadas" declaraciones de la portavoz municipal y concejal de Urbanismo, Carmen Yáñez, de este pasado martes en relación con las obras del Convento de las Concepcionistas, al considerar que incurre en "señalamientos dignos de otras épocas" al abordar el conflicto que mantiene el ayuntamiento con el arrendatario del único local que sigue ocupado.
Así lo han hecho saber en una nota de prensa tanto la portavoz del Grupo Municipal Popular, Pilar Nogales, como el presidente de la Junta Gestora, Miguel Valdés. Concretamente, la primera de ellas ha manifestado que estas declaraciones de Yáñez reconocen que el empresario, que aún mantiene su peluquería en el edificio, tiene "un derecho que le otorga el ordenamiento jurídico".
Otra cuestión, señala, será si el importe que reclama el empresario se ajusta a derecho o no y si al Equipo de Gobierno le parece "desproporcionado". Pero esta circunstancia no le otorga a Carmen Yáñez la potestad de "criminalizar al empresario y acusarlo de extorsión y chantaje, actuando como es habitual, culpabilizando a los demás de su mala gestión", subraya.
Además, Nogales indica que "no sólo ha criminalizado a un ciudadano, sino que también ha señalado públicamente a un empleado del Consorcio, presuponiendo que dicho trabajador está ejerciendo la abogacía de forma incompatible".
A este respecto, señala que el Grupo Municipal Popular de Mérida tiene conocimiento de que este trabajador del Consorcio no está representando jurídicamente al inquilino del local de Las Concepcionistas, por lo que, se trata de una "acusación grave y gratuita" que puede perjudicar de forma "irreparable" a este empleado.
"Estamos mal acostumbrándonos a ver como la portavoz Socialista acusa de delitos de manera gratuita a ciudadanos, profesionales, empresarios, trabajadores públicos y concejales de la oposición, cuando su credibilidad queda en entredicho y su incapacidad queda de manifiesto", ha señalado, por su parte, Miguel Valdés.
Asimismo, le pide que no "venda la moto de la defensa de los intereses" del ayuntamiento y de las arcas públicas cuando el equipo de Gobierno local han "minorado considerablemente" las arcas municipales con las costas judiciales y las indemnizaciones que "han tenido que abonar" derivadas de los procedimientos judiciales a los que han acudido.
Procedimientos como los del colectivo de taxistas, contra propietarios de caminos rurales, contra los concesionarios de los kioscos de la Plaza de España o los tenderos del Mercado de Calatrava; defendiendo en estos casos "no los intereses del ayuntamiento sino sus propios intereses políticos".
Al mismo tiempo, Valdés ha destacado todos estos litigios judiciales, en los que el ayuntamiento ha sido "condenado económicamente", para demostrar que el "único interés" de Yáñez, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y el equipo de Gobierno es "colgar el cartel de próxima apertura" con "fines electoralistas", ante la cercanía de las próximas elecciones municipales, que es "lo que hacen legislatura tras legislatura".
Finalmente, concluye que "lo único que le preocupa" al equipo de Gobierno es "tener la obra en los plazos que ellos se han marcado de cara a las elecciones municipales del año 2023".
