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Presentan un recurso de reposición

Padres alumnos CEIP Octavio Augusto Mérida denuncian “reagrupamiento ilegal” de sus hijos

El reparto de los niños de 4 años "es contrario a la decisión adoptada por el colegio e impuesto por la Inspección Educativa bajo presiones injustificadas"

14 septiembre 2021

Padres y madres de 16 niños del 2º curso de Educación Infantil del CEIP Octavio Augusto de Mérida han denunciado el “incumplimiento” de la normativa acometido en el reagrupamiento de sus hijos en el centro educativo, el cual se ha llevado a efecto “en contra” de lo aprobado por el claustro y el Consejo Escolar del propio colegio.

Tal y como detallan a través de una nota de prensa, la realidad de este colegio emeritense es que el curso pasado, debido a la pandemia por la Covid-19, “las dos clases de 1º de Infantil se dividieron en tres para reducir la ratio debido al coronavirus, dos de las cuales tuvieron como tutoras a las docentes con plaza en propiedad en el centro y una tercera clase a una interina, que este curso 2021/2022 ya no continúa en el centro tras determinarse el reagrupamiento de los tres grupos en dos”.

Así pues, ante este escenario, el claustro y el Consejo Escolar del centro educativo “decidieron y aprobaron que las dos tutoras con plaza en el centro siguieran con sus alumnos, cumpliendo así lo establecido en la instrucción 9/2021, de 28 de junio, de la Secretaría General de Educación.

En este punto, estos padres y madres recuerdan que ésta última establece que "la dirección del centro, en función de sus posibilidades organizativas, y siempre conforme a criterios pedagógicos, a propuesta de la jefatura de estudios, designará los tutores de los grupos para el curso 2021/2022, teniendo en cuenta lo siguiente: En Educación Infantil, el maestro o la maestra permanecerá con el mismo grupo durante los tres cursos del ciclo, salvo causa justificada y debidamente motivada ante la Inspección de Educación".

De este modo, “en consecuencia, se decidió que los alumnos de la tercera línea del curso pasado, que estuvo a cargo de una docente interina, que ya no continúa en el centro, se repartirían entre las otras dos”.

Sin embargo, continúan explicando en su nota, “la Inspección educativa -que carece de competencias organizativas en los centros- ha estado presionando injustificadamente al centro para que lleve a efecto un reparto contrario a ley, cuyos motivos no nos ha expuesto a los padres”.

De hecho, “tras aplicar provisionalmente el reparto impuesto por la Inspección educativa el pasado viernes -primer día de inicio del curso escolar-, el equipo directivo del centro decidió, tras no haber recibido repuesta a una consulta realizada a los órganos competentes, que los niños se distribuyeran desde este lunes, según lo aprobado por el colegio y "con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico y a las normas que rigen este centro educativo", tal y como comunicó a las familias a través de la plataforma Rayuela.

No obstante, según denuncian estos padres y madres, “fue por poco tiempo, porque este mismo lunes la Inspección educativa se presentó en el colegio y ordenó que se cambiara a los niños”. “Acto seguido acompañó a las tutoras para que ejecutaran la orden, separando a los menores en algunos casos de sus compañeros y en otros de compañeros y tutora, sin el conocimiento previo de sus progenitores y con el consiguiente desconcierto para menores de tan corta edad, muchos de los cuales acabaron llorando”, lamentan.

PRESENTAN UN RECURSO DE REPOSICIÓN

Por tanto, ante esta situación que ven ilegal e injusta, este grupo de padres y madres han presentado un recurso de reposición ante la Secretaría General de Educación para “exigir el cumplimiento de la ley”.

Además, han asegurado que han intentado “por varias vías” ponerse en contacto con la Inspección Educativa “para pedir explicaciones sin haber recibido respuesta”.

“Elegimos un centro público para nuestros hijos porque las decisiones en ellos son tomadas por el claustro y el Consejo Escolar democráticamente, teniendo en cuenta criterios pedagógicos y conforme a ley, algo que en este caso se incumple no sabemos en base a qué”, insisten.

Eso sí, quieren aclarar que “no queremos privilegios para nuestros niños, sólo que se cumpla la normativa que rige el funcionamiento de los centros educativos”. “No toleramos que decisiones arbitrarias e injustificadas rijan el destino de nuestro colegio, pues mal precedente se sienta para el futuro de este centro, y para el conjunto del sistema educativo público extremeño”, alertan.

Para finalizar, este grupo de padres y madres también exigen “responsabilidades”, al tiempo que reclaman “disculpas por el trato ofrecido a nuestros hijos, a quienes se ha tratado como simples números sin velar por su bienestar emocional”, concluyen.

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