20 enero 2021 | Publicado : 16:58 (20/01/2021) | Actualizado: 17:02 (20/01/2021)
Unidas por Mérida (Izquierda Unida - Podemos) ha pedido este miércoles a los responsables del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida que "aclaren" cuál será la repercusión del cierre de los monumentos sobre los trabajadores y trabajadores vinculados con los servicios privatizados.
Y es que, a su entender, el anuncio del cierre al público de los monumentos que forman parte del conjunto monumental gestionado por el Consorcio "abre algunos interrogantes sobre el modo en el que esta decisión afectará a las condiciones laborales" del personal que desempeña sus funciones en algunos servicios, "cómo por ejemplo, el servicio de taquilla, que fue objeto de privatización por los responsables del Consorcio".
Así pues, a través de una nota de prensa, la formación izquierdista ha subrayado que la privatización de servicios por parte del Consorcio se tradujo "en un empeoramiento inmediato de las condiciones de laborales y salariales del personal, entre los que se encuentran algunas personas con discapacidad".
Y es que "a los bajísimos salarios que percibe este personal, se suma en estos momentos la incertidumbre por el cese de actividad de los servicios que se han visto interrumpidos", apostilla Unidas por Mérida.
Por este motivo, y sin entrar a considerar la decisión de cierre de los monumentos, desde esta formación piden al Consorcio de la Ciudad Monumental, y al conjunto de las administraciones que forman parte del mismo, como son el Ayuntamiento de Mérida, la Diputación o la Junta de Extremadura, que "tomen en consideración las medidas necesarias para que el cierre de los monumentos no recaiga sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras".
A este respecto, Unidas por Mérida ha indicado que "la situación de precariedad laboral y salarial que sufre el personal que realiza estas funciones, se agrava aún más en situaciones como la que estamos viviendo en la actualidad, y pone de manifiesto la incertidumbre que sufren las personas contratadas por empresas privadas que gestionan y ejecutan servicios que son competencia de las diferentes administraciones públicas".
Por todo ello, desde la formación izquierdista instan al director y los responsables de la gestión del Consorcio a que "garanticen los derechos laborales de las personas que puedan verse afectadas por esta medida, dentro de las previsiones dispuestas por la normativa vigente", concluye.
