21 enero 2020
Unidas por Mérida (Izquierda Unida-Podemos) ha registrado una propuesta instando al Ayuntamiento a realizar modificaciones del reglamento en lo que afecta a la concesión de licencias a las casas de apuestas, "por motivos de salud pública".
En concreto, la modificación contempla la suspensión de aprobación de licencias de aquellos establecimientos que tengan la condición de salón de juego, según la definición consignada en la Ley 6/1998, de 18 de junio, del Juego de Extremadura.
También propone el acuerdo de no renovación de las existentes cuya licencia fuera anterior a la entrada en vigor de la citada ley.
A través de una nota de prensa, la formación recuerda que desde 2014, y al amparo de la legislación estatal que regula las apuestas y el juego, se ha producido un aumento del establecimiento de las franquicias que actualmente conocemos como "casas de apuestas".
"Mérida no ha sido ajena a la proliferación de estos locales, llegando a una evidente desproporción significativa en la capital donde los 11 establecimientos activos hasta la fecha suponen el 9,4% de los 117 instalados en la región, aunque el censo emeritense suponga tan solo el 5,43% de la población de la comunidad", remarca Unidas por Mérida.
De este modo, desde la confluencia local de Izquierda Unida y Podemos observan que, aunque por un lado el juego y las apuestas "son prácticas perfectamente normalizadas, populares e incluso tradicionales y cotidianas", ligadas a eventos deportivos o fechas señaladas -como lo es la propia Lotería Nacional-, y asociadas a cantidades de dinero "socialmente aceptables"; por otro lado, existen ya diferentes asociaciones creadas para luchar contra las adicciones y patologías asociadas a la práctica del juego que "nos advierten de los riesgos que comportan estas prácticas".
Además, encuentra otro elemento de riesgo en la ubicación de estos establecimientos, ya que "su expansión mayoritaria se da en los barrios más populares".
SE CONCENTRAN EN ENTORNOS CON CLASES SOCIALES CASTIGADAS
A su entender, estos entornos "concentran las clases sociales más castigadas por la crisis económica y sus consecuencias inmediatas –desempleo, procesos de fragmentación social y desestructuración y familiar– y las personas con acceso más directo a estos locales presentan un alto grado vulnerabilidad, lo que agrava la exposición al riesgo".
Desde Unidas por Mérida entienden, por tanto, que la proliferación de establecimientos se ha producido bajo unos parámetros que "no observan suficientes mecanismos de protección para la ciudadanía si no es que, en algunos casos, la falta de regulación más específica y directa, aumenta el riesgo".
Y es que "conscientes" de que las competencias reguladoras en esta materia están reservadas a la administración general del Estado y a las Comunidades Autónomas, ponen el acento en que desde las competencias del Ayuntamiento, a través del Plan General Municipal, "se pueden establecer el ámbito y requisitos de las actividades a que se dedican las fincas del entramado urbano, estableciendo por tanto desde esta competencia el régimen de las licencias de apertura que afecte a este tipo de establecimientos".
Igualmente, a la hora de establecer los criterios se aplica a este ámbito la ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura -Ley 11/2018, de 21 de diciembre- en cuyo artículo 151.2 dispone "2. Asimismo, de conformidad con la legislación reguladora de las Bases del Régimen Local, la Administración Municipal podrá someter a licencia determinadas actividades en los siguientes casos: a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una comunicación previa o declaración responsable", recuerda la confluencia.
Por todo ello, desde Unidas por Mérida explican que, dada la "saturación" de locales de juego en la ciudad, existe una "evidente sobreexposición" de la ciudadanía al riesgo que entrañan estas prácticas para la salud.
Entienden, por tanto, que "esta realidad obliga a la Institución a hacer uso de sus competencias y potestades, para establecer medios legales de protección y adecuar la normativa, mediante la modificación del régimen de regulación de dichas licencias e instan al Ayuntamiento a actuar al respecto para atajar, en la medida de sus competencias y posibilidades la mencionada sobreexposición de la ciudadanía a estas prácticas y sus riesgos", concluye la nota.
