Unos 200 funcionarios de prisiones se manifiestan en Mérida

Ep.

Unos 200 funcionarios penitenciarios, junto a los sindicatos de CSIF, UGT, CCOO y ACAIP-USO, se han concentrado este jueves frente a la Asamblea de Extremadura, en Mérida, para reclamar que se cubran las 100 plazas vacantes que calculan que hay en las dos cárceles de la región, en Badajoz y especialmente en Cáceres, así como la equiparación salarial con el resto del país.

Según los datos facilitados por los representantes sindicales, en Extremadura hay 500 funcionarios penitenciarios, unos 300 en Badajoz y 200 en Cáceres, que soportan una carga de trabajo que afecta a la calidad del servicio que desempeñan.

El responsable regional de Administración del Estado de CSIF, Alonso Torres, ha reivindicado las "demandas retributivas y otras condiciones de trabajo que se ven conculcadas cada día por la errática política de personal de la secretaría general de instituciones penitenciarias".

También ha reclamado al Gobierno que retome la oferta presentada el pasado 25 de septiembre, que fue retirada tres días después "incomprensiblemente", que era una propuesta de 126 millones de euros, que "no colmaba todas las expectativas pero era un punto de partida importante para seguir hablando y el día 28 se retira, y pasaron después a decir que había sido un estudio".

Ha indicado también que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska "tiene muchas palabras, pero palabras huecas" y que no les ha dedicado ni siquiera "dos minutos" para recibirlos. Asimismo, no entiende "ese afán suyo de culpabilizar a los funcionarios de prisiones de toda la problemática" cuando no les ha atendido a pesar de que "las condiciones de trabajo cada día son más difíciles".

100 VACANTES POR CUBRIR EN EXTREMADURA

Torres ha indicado también que en Extremadura hay aproximadamente 100 vacantes sin cubrir, lo que conlleva "una carga de trabajo adicional y prestar un servicio que no es el mejor".

Así, también ha recordado que trabajan con internos, "personas que están privadas de libertad únicamente" y que la constitución les comisiona para la reinserción, la rehabilitación, por lo que ha indicado que necesitan "medios".

Por su parte, el responsable de prisiones de UGT en Extremadura, Pedro Mateos, ha indicado que la de Cáceres es la prisión en la que "más personal hace falta" de todo el país, con un déficit de 84 funcionarios y un 25% de personal laboral, mientras que hace falta otro 25% de funcionarios y personal laboral en la prisión de Badajoz.

Así, Mateos ha señalado que la carga de trabajo "es tan grande" que no pueden "dar abasto en todos los cometidos", poniendo de ejemplo que hay veces que hay un solo funcionario con 100 internos. "Esa en la realidad", ha apuntillado.

El delegado de la provincia de Cáceres del sindicato ACAIP-USO, Dionisio Iglesias, ha señalado también que en la prisión de Cáceres en el área de vigilantes, "hay 61 plazas sin cubrir, en servicios sanitarios actualmente están a punto de jubilarse tres empleados, hay dos plazas vacantes de enfermeros y el área tratamental está al 50% de las plazas que debería haber".

Por lo tanto, ha señalado que están ante "una situación en la que no se puede prestar el servicio público y el tratamiento a las personas que están allí trabajando".

La secretaria general de prisiones de CCOO, Silvia Fernández, ha señalado que en la prisión de Cáceres "hay patologías mentales, sufren agresiones, hay problema de envejecimiento muy grave, el 25% de la plantilla no está y es de las prisiones que menos cobra".

También ha indicado, en este caso el responsable de prisiones de UGT en Extremadura, Pedro Mateos, que mantendrán las reivindicaciones hasta que el ministro se siente a negociar, al tiempo que ha recordado que la propuesta contemplaba una subida salarial de 125 euros mensuales en tres años.

Por último, ha apuntado también que exigen esto para reducir la brecha salarial que vienen padeciendo "porque actualmente en el Estado por el mismo cargo y mismo desempeño hay diferencias de hasta 700 euros".

PANORAMA NACIONAL

En el conjunto nacional, la situación en estos momentos es que hay "un problema muy grave de falta de personal y de envejecimiento", ya que la media de edad del personal que trabaja en las prisiones "está en unos 55 años", ha señalado Silvia Fernández.

Ha apuntado también que de los colectivos más precarios que hay en prisiones son el personal de vigilancia y el sanitario, donde "faltan 180 médicos y en tres años se jubilan prácticamente más del 60%. "Nos vamos a quedar sin médicos en tres años", ha advertido.

Asimismo, ha señalado que la asistencia sanitaria es muy precaria y también faltan otros profesionales como juristas y psicólogos y que toda esa carga "recae sobre el personal de vigilancia en forma de conflicto y de problemas asistenciales que no se pueden solucionar en el día a día".

Además, ha destacado que también hay un problema de agresiones y que las causas fundamentales son "esas faltas de personal y falta de formación" que ha indicado que la tienen ya "como problema estructural desde hace mucho tiempo y sobre todo la incidencia, la tasa de enfermedad mental que hay dentro de las prisiones que no está diagnosticada y si no sabes la incidencia que tiene no la puedes tratar".

En cuanto a las reivindicaciones salariales, reclaman el reconocimiento de la nocturnidad, el trabajo por turnos, la peligrosidad y la penosidad, que no se contabilizan en los complementos salariales. Ello conlleva diferencias salariales de entre 500 y 700 euros para trabajadores que ocupan puestos de la misma categoría en diferentes prisiones del país.