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Campamento Dignidad pide a Junta cumplir "promesas" para familias "acampadas" en Mérida

Relacionadas con la vivienda en la que vivían y la concesión de un piso para salvar la situación en la cual se encuentran.

17 julio 2018

Ep.

El colectivo Campamento Dignidad exige a la Junta de Extremadura que cumpla las "promesas" realizadas a las familias "acampadas" en Mérida, relacionadas con la vivienda en la que vivían y la concesión de un piso para salvar la situación en la cual se encuentran.

La organización ha convocado una rueda de prensa este martes, 17 de julio, en su sede en Mérida, para abordar algunas cuestiones entre las que destaca la "acampada" frente a la casa del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

En la convocatoria han intervenido dos miembros de Campamento Dignidad, Juan Viera y Paco González, y tres mujeres en representación de las familias acampadas, Soraya Polo, María Inmaculada Fuentes y Francisca Dolores Molina. Juan Viera ha planteado la "tabla reivindicativa" que exigen a la Junta de Extremadura, destacando que varias personas, de la "acampada", se han entrevistado, con carácter individual, con la Consejería de Sanidad y con el departamento de Vivienda, donde se les "han prometido" cuestiones en relación con su situación.

Así, otra cuestión que reclaman es que se "regularice" la situación de las diez familias que viven "sin agua" desde hace ocho meses en las viviendas "recuperadas" de la Guardia Civil en Badajoz.

Según cuenta, la Delegación del Gobierno "denunció" al ayuntamiento para que "cortase el agua", por lo que tienen que ir a un parque alejado para coger agua, porque en los parques próximos "se ha cortado también el agua".

También, Juan Viera ha pedido que no se desahucie a "nadie más", ya que la vivienda es un "derecho fundamental", y que "no" se sigan enviando "cartas amenazantes" a familias que tienen deudas de "viviendas sociales".

En esta línea, ha pedido que se ofrezcan "facilidades" a las personas con necesidad mediante "programas de empleo reales", y que se pongan "en marcha" las ayudas de alquiler, destacando que "las ayudas de 2017 no se han pagado a pesar de que digan que ha salido la resolución".

Además, ha asegurado que hay una "necesidad" de ampliar el parque de viviendas públicas de la Junta de Extremadura, ante la demanda en "crecimiento".

Al respecto, Viera ha destacado que hay "20.000 o 25.000 viviendas en mano de la banca", por lo que solicita que la Junta de Extremadura "trabaje" para que se le puedan dar a las familias que lo "necesiten".

Por último, ha contado que Guillermo Fernández Vara ha pasado por la "acampada" y se ha mostrado "sorprendido ante la situación".

ARREGLOS

Por su parte, Paco González, ha referido que se pregunta "qué hace la Junta con el dinero de los pisos que vende y alquila, porque con ese dinero podría arreglar las casas deterioradas".

Asimismo, ha afirmado que hay "prestamistas" en los "barrios de las familias con necesidad", que se encargan de "realizar" los desahucios, ya que amenazan con cobrar un pago "ilegal".

En relación con esto, Paco González pone el ejemplo de una familia que lleva casi seis años viviendo en una vivienda "recuperada" que ha estado dos años "pagándole" un importe a el antiguo propietario "sin ser legal esto".

Desde Campamento Dignidad han explicado que en esta "acampada" había cuatro familias de Badajoz, que ya han regresado "a sus casas" con la esperanza de que "se cumplan" las promesas recibidas, dos familias de Mérida y una de Arroyo de San Serván.

De las tres familias que "continúan en la acampada", Soraya Polo, de Mérida, vive con su hija de tres años y un hijo de un año, en un piso de alquiler, pero no puede pagar el alquiler por falta de ingresos desde hace cuatro meses.

En el caso de María Inmaculada Fuentes, de Arroyo San Serván, son una pareja y vivieron un desahucio de alquiler privado desde hace un año y la pareja debe 1.500 euros a la Seguridad Social por impago del sello agrícola.

Por último, Francisca Dolores Molina, vive con sus padres, sus dos hermanos pequeños y su hija de cinco años en una casa en condiciones "nefastas" de sus abuelos.

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