20 octubre 2017
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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mérida ha tomado el acuerdo de ejecutar una sentencia dictada por la sección tercera de la Audiencia Provincial contra una funcionaria en la que se aprueba la liquidación de la condena practicada a la penada e inhabilitación especial para empleo o cargo público con fecha de inicio 24 de mayo de 2017 y fecha de fin 18 de noviembre de 2020.
Esta ejecución de sentencia lleva aparejada, además, la pérdida de condición de funcionaria, como así lo indican los informes pertinentes, en aplicación del artículo 63.e) del Estatuto Básico del Empleado Público, informa el consistorio emeritense en nota de prensa.
A esta empleada pública se le ha impuesto esta condena como autora de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y como autora de un delito de blanqueo de capitales.
"Este Equipo de Gobierno, a diferencia del anterior gobierno del Partido Popular, desde que tuvo conocimiento de que esta funcionaria estaba siendo investigada por los delitos referidos, y con el fin de no hacer dejación de las funciones que le corresponden como tal, se personó contra ella y, además, según establece la Ley, le abrió expediente disciplinario", ha recordado.
Todo ello, ha explicado el Ayuntamiento de Mérida, para "velar" por los intereses del consistorio y, por consiguiente, de toda la ciudadanía emeritense.
