13 julio 2017 | Publicado : 14:07 (13/07/2017) | Actualizado: 17:36 (13/07/2017)
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Han recorrido este jueves las calles de Mérida para trasladar a la opinión pública, y en especial al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en cuya residencia ha finalizado el recorrido, que el nuevo contrato del servicio de transporte sanitario de la región pone en riesgo "ciento y pico" empleos y las condiciones laborales del resto, y que asimismo mermará la calidad del servicio prestado a los usuarios.
Una situación provocada en tanto que la oferta económica presentada por la adjudicataria, Ambulancias Tenorio, por un importe de 30,6 millones de euros al año durante un periodo de cuatro años prorrogables por otros dos, es "inviable". "No hay magia en los números", ha señalado la gerente del Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario, Eulalia Fontán, que si bien ha reconocido que la cuantía comprometida por la adjudicataria no entra en la catalogación de baja temeraria, se sitúa "muy cerca".
Este Consorcio, actual concesionario del servicio mientras se resuelve de forma definitiva el concurso, ha convocado esta jornada de protesta considera esta cantidad "insuficiente", lo que se trasladará inicialmente a los trabajadores y, posteriormente, a los usuarios que verán mermada la calidad del servicio que reciben.
Así lo ha avanzado Fontán en declaraciones a los medios de comunicación frente a la residencia oficial del presidente de la Junta, a quien van dirigidas las protestas por considerar que Fernández Vara ha incumplido su compromiso electoral de proteger a las empresas extremeñas del empuje de las grandes compañías que concursan "a precio".
"Desde el momento que el proceso sale todo a precio nuestras opciones desaparecen", ha señalado Fontán, quien asimismo ha reprochado la "falta de sensibilidad" demostrada por la Junta de Extremadura hacia un conglomerado de empresas extremeñas creado durante las últimas décadas con apoyo de la propia administración y con gobierno de distinto signo, y que ahora se ven abocadas, ha dicho, a su desaparición.
Con respecto a la subrogación de los 842 empleos actuales del consorcio por parte de la nueva adjudicataria, la gerente del Consorcio ha manifestado que una vez que se produzca la adjudicación la administración "no puede ser garante de nada", en tanto que "eso ya se queda entre el contratista y los trabajadores para resolver en el juzgado de los social".
LA "ESCABECHINA" AFECTARÁ A CIENTOS DE PERSONAS
"Ahora empezarán las escabechinas, porque esta película nos la conocemos de otras comunidades autónomas. Buscarán las triquiñuelas legales para no subrogar a equipos de dirección, gente a la que no consideren necesaria, pequeños socios de las empresas", ha señalado Fontán.
Con este último colectivo, se ha mostrado especialmente dolida, en tanto que son trabajadores que empezaron como propietarios en algunos casos de una sola ambulancia "en la época en la que el cooperativismo se movía, y que ahora están siendo tratados como auténticos delincuentes", que "ahora simplemente son trabajadores" pero que "no tienen derecho a subrogación porque son parte de la empresa y estarían en conflicto de intereses" con la nueva adjudicataria.
NINGÚN SERVICIO AFECTADO POR LA PROTESTA
La representante del conglomerado empresarial ha asegurado que durante la jornada de protesta no se ha visto afectado ningún servicio en toda la región, en tanto que se han utilizado unas 40 ambulancias nuevas, estrenadas para la ocasión, en algunos casos con los precintos puestos. Estos vehículos son parte de las inversiones realizadas por los empresarios extremeños que ahora ni siquiera serán utilizadas.
Así, en respuesta a quienes se habían mostrado preocupados con el desarrollo del servicio de transporte sanitario durante esta jornada de protesta, les ha interpelado si les preocupa también lo que pasará en el futuro inmediato, una vez que venza la prórroga y la nueva adjudicataria tome las riendas del mismo, en tanto que considera que no se podrá mantener la calidad actual del servicio.
En esta línea, ha preguntado también si les preocupa el futuro de los más de un centenar de puestos de trabajo que no serán subrogables o el mantenimiento de las condiciones laborales de los que se quedan.
Preguntada por los medios de comunicación, ha señalado que no descartan acudir a la vía legal para defender sus intereses, pero para entonces, dentro de un año y medio o dos años, "no quedará nada de las empresas", puesto que dentro de dos meses, ha vaticinado, entrarán en concurso de acreedores.
A su llegada frente a la residencia de Vara, los empresarios han reproducido en un altavoz una intervención del presidente extremeño durante la pasada campaña electoral en la que se comprometía a defender los intereses de las empresas extremeñas ante prácticas que atribuía a los entonces gobiernos de Mariano Rajoy y José Antonio Monago de sacar concursos públicos que fomentaban la reducción de costes.
"¿Es esto la operación de salvamento de las empresas extremeñas?", ha preguntado Fontán a Vara, a quien ha interpelado asimismo si escuchará a los "ciento y pico personas" que según sus cálculos perderán sus empleos con la llegada del nuevo adjudicatario, y a los empresarios que se quedarán sin nada tras empeñar "40 años de su vida en inversiones".
