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IU-Mérida pide al director del Consorcio que "explique el nombramiento de su esposa" como jefa de departamento

Álvaro Vázquez explica que la llegada del que fuera hasta hace unas semanas concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento emeritense a esta entidad, “se ha traducido en una serie de nuevos nombramientos en la entidad que ha aumentado el número de cargos de nueva designación, que han visto modificados sus funciones como sus sueldos”.

12 junio 2017

Izquierda Unida-Mérida ha pedido este lunes al nuevo Director del Consorcio de la Ciudad Monumental de la ciudad, Félix Palma, que “haga públicos cuáles son los motivos” que explican el “ascenso de su mujer” como titular del departamento de documentación de la entidad.

Y es que, tal y como explica el portavoz de la formación izquierdista, Álvaro Vázquez, la llegada del que fuera hasta hace unas semanas concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento emeritense, “se ha traducido en una serie de nuevos nombramientos en la entidad que ha aumentado el número de cargos de nueva designación, que han visto modificados sus funciones como sus sueldos”.

En este sentido, según detalla en una nota de prensa, los aumentos retribuidos “no adquieren cuantías que se antojen extravagantes, alrededor de 2.000/3.000 euros al año”. Así pues, “entendemos que el incremento del personal de libre designación y de la inclusión entre éstos de la esposa del propio director, merecen una explicación pública”.

Todo ello, “en aras al principio básico de transparencia, y a pesar de que las decisiones adoptada por el nuevo director se encuentran incluidas en el ejercicio ordinario de sus facultades”.

Así pues, según Vázquez, la importancia de aclarar estos extremos “adquieren mayor relevancia desde el momento en el que el anterior director asumió decisiones idénticas”, por lo que “no es la primera vez que familiares directos del máximo responsable del Consorcio mejoran su situación profesional a partir del nombramiento de un nuevo director”, apostilla.

Por tanto, desde IU-Mérida consideran que el ejercicio de un cargo público de esta naturaleza “implica la obligación de cumplir con los principios de transparencia en el desarrollo de las facultades que les son inherentes, con la finalidad de evitar una utilización de las administraciones como instrumento para la consecución de fines particulares, así como para garantizar una gestión adecuada de los recursos públicos”, sentencia su portavoz.

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