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La Asamblea insta a desarrollar el sistema archivístico extremeño tras diez años pendiente y a abrir su sede en Mérida

Ésta y otras medidas están recogidas en una propuesta de impulso presentada por Podemos que ha sido aprobada por el resto de partidos de la Cámara durante el Pleno celebrado este jueves. En su defensa, el diputado Daniel Hierro ha subrayado que "queda mucho por desarrollar" de la Ley de Archivos aprobada ahora hace diez años, lo cual no parece "una cosa razonable" que lleve tanto tiempo pendiente.

20 abril 2017 | Publicado : 15:50 (20/04/2017) | Actualizado: 20:09 (20/04/2017)

Ep.

La Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad una propuesta de impulso que insta a la Junta a desarrollar el reglamento de la Ley de Archivos y Patrimonio Documental de la región, que data de 2007, así como a abrir el Archivo Regional de Extremadura, sito en Mérida y cuyas obras están finalizadas, además de contratar al personal necesario para el sistema archivístico autonómico.

Ésta y otras medidas están recogidas en una propuesta de impulso presentada por Podemos que ha sido aprobada por el resto de partidos de la Cámara durante el Pleno celebrado este jueves. En su defensa, el diputado Daniel Hierro ha subrayado que "queda mucho por desarrollar" de la Ley de Archivos aprobada ahora hace diez años, lo cual no parece "una cosa razonable" que lleve tanto tiempo pendiente.

Por ello, con esta propuesta reclama al Gobierno el desarrollo reglamentario de la citada ley y que se haga de una forma consensuada con la participación de los profesionales, así como la puesta en funcionamiento del Archivo General de Extremadura; además de crear una estructura orgánica dotada de personal "cualificado y suficiente" en el mismo.

MEDIDAS APROBADAS

Por otro lado, reclama la creación de una estructura orgánica en materia de archivos, dependiente de la Presidencia de la Junta de Extremadura, puesto que consideran que los archivos son "algo trasversal" a todas las consejerías de la Junta y por lo que sostienen que no deberían depender de la Secretaría General de Cultura. Dicha estructura orgánica deberá encuadrar órganos de dirección, de planificación y jefes de servicio.

También poner en funcionamiento y reglamentación de los órganos consultivos y asesores del sistema ya creados legislativamente, en concreto la Comisión General de valoración, selección y eliminación de documentos de Extremadura; el Consejo Asesor del Patrimonio Documental y de los Archivos, como órgano consultivo y asesor en materia de archivos.

Asimismo reclama realizar inversiones económicas en materia de archivos e implantar un sistema de gestión documental común para todos los archivos de la Junta de Extremadura, y la citada puesta en funcionamiento del Archivo General de Extremadura.

Igualmente, crear archivos centrales en todas las consejerías de la Junta dotados de personal suficientemente cualificado; crear un perfil único de archivero en la Junta de Extremadura, con un proceso de selección en el que se tengan en cuenta las competencias en archivos como materia principal.

También reclama la adopción de las medidas necesarias para que en la implantación de la administración electrónica en la Junta de Extremadura se tengan en cuenta al personal archivero; y contemplar una Comisión de Coordinación del Sistema Extremeño de Archivos y entre sus funciones deberá propiciar la completa integración de los diversos sistemas de archivo de las instituciones públicas extremeñas en cada uno de los sistemas de gestión documental de las propias instituciones a las que pertenecen, tanto en las esferas autonómica, local como universitaria.

Por último, la iniciativa reclama la creación de redes de archivos locales de acuerdo al ciclo vital de los documentos, tanto de documentos en papel, como documentos digitalizados, así como los propios documentos nacidos digitalmente, y promover modelos de reglamento para los archivos extremeños.

Así como construir un sistema archivístico con la mirada puesta en la administración electrónica; ingresar en ese nuevo sistema archivístico todo el patrimonio documental que atesora la región en el formato papel pasándolo a formato digital, siguiendo las pautas de la normalización nacional e internacional.

LA JUNTA REALIZA UN ESTUDIO ECONÓMICO

El diputado del Grupo Socialista Carlos Labrador ha señalado que comparte la medidas contempladas por Podemos en la propuesta, que según ha señalado son un "corta y pega" de las conclusiones de unas jornadas celebradas en la propia Asamblea por parte de la Asociación de Archiveros de Extremadura.

En este sentido, Labrador ha criticado las formas de Podemos, al acudir a la "carrera" al registro del parlamento para plantear esta iniciativa, mientras que los socialistas han trabajado sobre las conclusiones y se las ha trasladado a la Junta, que según ha dicho ya cuenta con "planificación, estudio económico y voluntad política" para llevar a cabo las medidas contempladas en la iniciativa.

Por otro lado, ha destacado que las obras del edificio del Archivo General de Extremadura, en el que se han invertido 11 millones de euros, ya están finalizadas, y que esta sede debe convertirse en el centro de gestión que diseñe la planificación y coordinación del sistema archivístico de la comunidad.

Por su parte, la diputada del Grupo Popular María Inés Rubio también se ha mostrado de acuerdo con el "contenido, el espíritu y el fondo" de la propuesta, pero ha remarcado que se necesita un acuerdo de todos los grupos para garantizar una partida económica suficiente en los Presupuestos Generales de la Junta para 2018 que permitan poner en práctica las medidas aprobadas, ya que actualmente "las dotaciones son escasas o insuficientes para hacer realidad todo esto".

En esta línea, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha señalado que es "fundamental" dotar económicamente al sistema archivístico para ponerlo en marcha y para contratar al personal necesario, ya que en la propuesta de Podemos no se cuantifica.

Por último, ha destacado que esta propuesta es "una muestra más" de que hay leyes que se aprueban que no se cumplen, ya sea por "falta de voluntad política" o por escasez de recursos económicos.

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