11 enero 2017
Además, ha reclamado “la necesidad urgente de confeccionar y realizar proyectos piloto concretos por parte de la UE, y por supuesto dotados presupuestariamente, que acompañen a las administraciones municipales en los diferentes planes ya puestos en marcha, para garantizar así los recursos necesarios que proporcionen a los niños y sus familias un nivel de vida adecuado; su acceso a servicios asequibles, inclusivos y de calidad en educación, cuidados en primera infancia, salud, vivienda y cultura, con el fin de que podamos fomentar la participación de estos en la toma de decisiones que afecten a sus vidas futuras”.
El alcalde se ha referido a que “los ayuntamientos carecen de competencias a este respecto y, por supuesto, de presupuesto o partida económica alguna para poder hacer frente a este grave problema, pero desde Mérida estamos realizando un importante esfuerzo por poner en marcha una batería de medidas con fondos y recursos propios, que ayuden a paliar, en parte, este grave problema”.
A este respecto, el primer edil emeritenseí ha subrayado que, en Mérida, unas 1.200 familias viven “en riesgo de pobreza o exclusión social, de las cuales en torno al 85% tienen hijos pequeños”.
Ante esta realidad, desde el ayuntamiento, se han puesto en marcha “medidas en educación y los servicios sociales, como son becas para material escolar que cada persona tiene disponible antes de empezar el curso escolar, compatibles con otro tipo de ayudas a libros, o los propios comedores escolares gratuitos, asegurados durante todo el año así como los programas de ocio saludable e inclusivo, que cuentan con más de 500 plazas gratuitas que se ofrecen en los campamentos urbanos,
Por primera vez, son totalmente inclusivos, de forma que en ellos también participan los niños con diversidad funcional, buscando la integración de todos los niños y niñas en una dinámica positiva de aprendizaje, diversión y creación, potenciando valores como la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad”.
Además, el alcalde se ha referido “al Programa de Atención a la Familia (PAF), que cuenta con actuaciones dirigidas a apoyar y ayudar a las familias en situación de crisis o vulnerabilidad social y familias ante situaciones de riesgo de menores y dinámicas maltratantes en el seno de las mismas, o los Servicios Sociales de Base (SSB), estructura básica de la acción social, siendo la más cercana a la ciudadanía y la encargada de detectar las deficiencias y necesidades de los menores”.
Y, Rodríguez Osuna ha señalado que “ambas acciones se desarrollan para la protección de la infancia, y conllevan prestaciones tanto indirectas como directas, de entre las que cabe destacar la prestación de diversas ayudas económicas para renta básica, mínimos vitales o ayudas de contingencia, entre otras”.
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