JSEx pide zonas tensionadas en Cáceres y Badajoz para controlar alquileres universitarios

Juventudes Socialistas de Extremadura (JSEx) ha reclamado a la Junta de Extremadura a declarar "zonas tensionadas" en Cáceres y Badajoz de forma urgente para frenar los "precios abusivos" del alquiler para los universitarios.

En concreto, la organización política juvenil socialista critica que la falta de aplicación de la Ley de Vivienda y la "escasez" de plazas en residencias públicas están convirtiendo el derecho a estudiar en un "privilegio económico".

Asimismo, a través de una nota de prensa, ha manifestado su "rotunda condena" ante la pasividad del Gobierno de la Junta de Extremadura frente a la "subida descontrolada" de los precios del alquiler en las ciudades universitarias.

Y es que, para la organización juvenil, el hecho de que las familias se vean obligadas a pagar hasta mil euros por pisos que hace tres años costaban 650, argumentan según datos del sector inmobiliario regional, es la "prueba del colapso" de un mercado que "expulsa a los hijos de la clase trabajadora de los campus de la UEx".

En este sentido, desde JSEx alertan de que la oferta de vivienda es "cada vez más escasa y precaria", con precios por habitación que ya superan los 300 euros en ciudades como Cáceres.

Esta situación está "forzando a los estudiantes a buscar alojamiento con meses de antelación, incluso antes de conocer su admisión académica, ante el miedo a quedarse sin plaza".

"No podemos permitir que estudiar en nuestra región dependa de la cuenta corriente de los padres; la Junta no puede seguir ignorando que el alquiler se ha convertido en un muro insalvable para la mayoría social", señalan desde la organización.

FALTA DE PLAZAS EN RESIDENCIAS

En este sentido, señalan que a la crisis de los pisos universitarios se suma la "insuficiencia de la red pública", ya que las residencias universitarias dependientes de la Junta han recibido este año 1.478 solicitudes para apenas 303 plazas ofertadas.

A su vez, JSEx denuncia que esta "brecha" es el "resultado directo de no priorizar la ampliación de plazas públicas, condenando a más de mil estudiantes a la incertidumbre habitacional o a someterse a los precios abusivos del mercado privado", en línea, sostiene la organización juvenil, con la "política de recortes de lo público" del Ejecutivo regional.

Desde Juventudes Socialistas de Extremadura exigen que la Junta de Extremadura aplique de "forma inmediata" la Ley de Vivienda del Gobierno de España para declarar "zonas tensionadas" en las ciudades universitarias.

Esta medida es "la única herramienta útil y legal para topar los precios del alquiler y frenar la especulación", y señalan que "la negativa a aplicar la ley es una decisión política que protege a los especuladores en lugar de a los estudiantes".

Cabe recordar que esta "parálisis institucional" contribuye a que la emancipación juvenil haya caído un 56% en la región, situándose en la tasa más baja desde 2006, como indican los últimos estudios.

El secretario de Economía, Vivienda Digna y Emancipación Juvenil de JSEx, Pedro Gallardo, subraya que las medidas puestas sobre la mesa por el gobierno regional son "del todo insuficientes" y muestran "un sesgo claro a favor de los promotores y del sector privado".

Recientemente, el Ejecutivo de PP y Vox ha "trasladado a manos privadas" la comprobación técnica de expedientes de vivienda pública, al tiempo que delega en "declaraciones responsables" de las propias promotoras la certificación de habitabilidad y legalidad de los edificios nuevos o reformados.

El Decreto-Ley 4/2026, aprobado por la vía de urgencia, demuestra la "urgencia selectiva" del Gobierno de María Guardiola. Al recurrir a esta figura legislativa excepcional, el Ejecutivo regional "esquiva los plazos tradicionales" de consulta pública previa y el debate parlamentario detallado propio de la tramitación ordinaria de una ley, "privando a la ciudadanía y a los grupos de la oposición de la posibilidad de presentar aportaciones o enmiendas".

Mientras tanto, se "frenan y rechazan medidas realmente inaplazables", como la declaración de zonas tensionadas y la consiguiente limitación o congelación de los alquileres para proteger a miles de familias y estudiantes extremeños.

Al mismo tiempo, JSEx avanza que seguirá trabajando por "medidas reales y efectivas a corto plazo que pongan el foco prioritario en el parque de vivienda público".

En este sentido, el secretario de Educación Pública, Universidad y FP de JSEx, David Fabián, ha señalado que "es hora de que la Junta de Extremadura entienda que de nada sirve que se bonifiquen los precios públicos de las matrículas si luego el estudiantado no tiene un techo asequible en el que poder residir mientras cursan sus estudios; el sistema le está cerrando la puerta de la universidad en la cara por motivos económicos". "Estudiar en la UEx debe ser un derecho, no una subasta al mejor postor", ha añadido.

Por todo ello, desde la formación advierten que, desde sus respectivas áreas de competencia y de forma coordinada en el conjunto de la organización juvenil, se intensificará la "presión en los campus y en las calles" para exigir que se "deje de proteger el interés de los rentistas y especuladores, y se empiece a blindar el talento joven" de Extremadura.

"Mientras el Gobierno regional mira hacia otro lado, nosotros estaremos movilizándonos activamente para exigir que la Ley de Vivienda se aplique en los barrios universitarios y que se multipliquen de inmediato las plazas en las residencias públicas. No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo el mercado inmobiliario expulsa a los hijos de la clase trabajadora de las aulas por no poder costearse un techo", concluyen en defensa de una "universidad pública sin barreras de clase".