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05 octubre 2022
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este miércoles un decreto por el que se regulan los precios públicos de los servicios prestados por las residencias universitarias de la Junta de Extremadura, atendiendo a su "coste efectivo".
En concreto, según señala el Ejecutivo regional, estas residencias facilitan alojamiento y manutención a los estudiantes universitarios que deben desplazarse para cursar sus estudios, proporcionándoles asimismo los "medios necesarios para una adecuada formación y la posibilidad de disfrute de otras actividades recreativas y culturales complementarias a su actividad estudiantil".
De esta forma, y con el objeto de "eliminar la posible desigualdad que, por razones económicas o sociales", pudiera plantearse en los residentes con insuficiencia de recursos, este decreto introduce una serie de exenciones y bonificaciones en el pago de los precios públicos por la prestación de estancia y alimentación en las residencias.
Estas medidas van dirigidas a personas que se encuentren en situaciones económicas y/o sociales específicas tales como ser el tercer o ulterior hijo dependientes de sus padres, reducción para residentes universitarios y de ciclos formativos cuyos planes de estudios exijan la realización de prácticas, personas que hayan obtenido una plaza de residente-colaborador y, muy especialmente, para aquellos que se hallen en una situación de posible vulnerabilidad social.
Finalmente, el decreto también regula el precio por la estancia y alimentación en las residencias universitarias dependientes de la Junta para los profesores desplazados o visitantes de los programas universitarios de movilidad y similares, así como la cuantía de los precios públicos por la cesión de las instalaciones residenciales.
