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Freapa pide que se aprovechen libros en centros educativos de un año a otro o se supriman

Reclama se articule los mecanismos necesarios para facilitar a los alumnos los recursos didácticos necesarios a fin de favorecer el aprovechamiento

26 septiembre 2022

La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros Públicos (Freapa-CP) propone a la administración educativa que articule los mecanismos necesarios para facilitar a los alumnos los recursos didácticos necesarios a fin de favorecer el aprovechamiento de los libros de un año a otro, o en su defecto la supresión de los libros de texto.

De este modo, lo planta ante la vuelta al cole del curso 2022/23, que llega con un incremento de precio del "10 por ciento" en material escolar y libros, en un año marcado por la "fuerte inflación" y una situación económica "incierta".

Si a lo anterior se le añade que el calendario de aplicación de la Lomloe establece para el curso escolar 2022-2023 un cambio en los libros de texto de los cursos impares en primaria, ESO y Bachillerato, los padres y madres con hijos matriculados en los cursos afectados por su incorporación sin derecho a beca, "sufrirán un sobrecoste añadido por la compra de los libros, que volverá a repetirse para el curso 2023-2024 con motivo de la implantación de dicha ley en los cursos pares".

Ante esta situación, en nota de prensa Freapa incide en que en el ejercicio de la autonomía pedagógica corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.

"Es decir, la elección de un libro de texto u otro no depende del Gobierno ni de las editoriales, sino del equipo docente de cada centro educativo, que puede incluso decidir no utilizar ninguno si es lo que mejor se adapta a su proyecto educativo, programación anual y programaciones de los distintos departamentos y ciclos", señala.

En este sentido, Freapa pide un "esfuerzo por parte de todos" los miembros de la comunidad educativa y administraciones públicas para que trabajen de forma "coordinada" y así evitar que las familias sean los que asuman el "precio total" de sus decisiones; e incide en que trabaja por una escuela "pública, universal y gratuita en igualdad de condiciones para todos y financiada con fondos públicos".
 

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