16 noviembre 2021
El Gobierno invertirá en Extremadura la cantidad de 20.904.738 euros hasta el año 2023 para la creación de 2.052 plazas públicas de Educación Infantil de 0-3 años. En concreto, para este año la cantidad correspondiente es de 6.296.906 euros, con un total de 684 plazas.
Esa inversión ascenderá en 2022 hasta los 10.381.221 euros, con otras 684 plazas, mientras que para el año 2023 se espera que la inversión del Ejecutivo de la nación sea de 4.226.611 euros, con el mismo número de plazas que en las dos anteriores anualidades.
Así, tras el anuncio del Consejo de Ministros del Plan de 0-3 nacional, la Junta de Extremadura ha explicado que este curso se crearán 35 aulas nuevas de 0-3 años (incluidas ahí las 3 del CEIP de Cerro Gordo, que ya están funcionando).
Concretamente, de esas 35 aulas, sólo tres serán de 1 año (en centros que ya cuentan con aula de dos años); 26 serán de dos años; y seis más que serán mixtas, de 2-3 años. Las 35 aulas nuevas se ubicarán 15 en la provincia de Cáceres y 20, en la de Badajoz.
Así pues, en total, serán 615 plazas; y la inversión prevista es de 21 millones de euros hasta 2024, para crear unas 2.000 plazas nuevas, según detalla la Administración autonómica en una nota de prensa.
De hecho, tal y como ya explicó hace unos meses la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, el objetivo es concienciar a la población sobre la importancia de matricular a los niños y niñas a edades tempranas en el sistema educativo, pues ello favorece el desarrollo integral de los pequeños y la igualdad de oportunidades.
En este sentido, la titular extremeña de Educación destacó en la presentación de estas aulas la "sensibilidad" del Ejecutivo extremeño a este respecto, para "no perjudicar" la oferta privada que existe en la región destinada a esta franja de edad, para lo cual se ha actuado teniendo en cuenta una serie de criterios, como la disponibilidad de plazas, la atención a las zonas más vulnerables, a las familias más necesitadas o a las zonas con menor oferta, entre otros.
Por tanto, próximamente la Junta de Extremadura a conocer las sedes y los plazos de matriculación.
DATOS A NIVEL NACIONAL
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la distribución a las comunidades autónomas de 200 millones de euros correspondientes al programa de cooperación territorial de impulso a la educación de 0-3 años.
Esta partida, incluida en el Componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se completará en los años 2022 y 2023 con una inversión total de 670,1 millones para la creación de más de 65.000 plazas públicas y gratuitas.
Y es que, tal y como recuerda el Ministerio de Educación en una nota de prensa, el impulso a la escolarización de 0 a 3 años es una de las principales inversiones educativas del Plan de Recuperación, ya que la participación en esta etapa es uno de los predictores más importantes de la mejora de los resultados y del desempeño educativo futuro de los niños y niñas.
Además, disponibilidad y accesibilidad a estas plazas contribuye a la igualdad de oportunidades y la inclusión social. “Se trata de una medida de gran impacto social porque facilitará a más de 65.000 familias el poder escolarizar a sus hijos desde la primera infancia”, ha subrayado la ministra Pilar Alegría.
“Esto aliviará la economía de muchas parejas y les permitirá también reincorporarse antes a la vida laboral activa. Especialmente a las mujeres jóvenes, ya que suele ser sobre las que recae mayoritariamente el cuidado de los hijos”, ha añadido.
Los fondos aprobados este martes por el Gobierno suponen una inversión de 200.790.000 euros, que permitirán la creación de 21.794 plazas de primer ciclo de Infantil, prioritariamente para niños de 1 y 2 años. La partida se completará con la de los años 2022 (331.026.89888 euros) y 2023 (134.774.300 euros) y la financiación destinada a Ceuta y Melilla, para un total de 670,1 millones de euros.
Fondos que se traducirán en 65.382 nuevas plazas gratuitas de titularidad pública a crear hasta el 15 de septiembre de 2024. “Es una inversión en bienestar social, en calidad y equidad educativa y en equilibrio territorial, puesto que en su implantación se deberá priorizar el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social y la extensión a áreas rurales”, ha señalado la titular de Educación y Formación Profesional.
