24 febrero 2021 | Publicado : 12:56 (24/02/2021) | Actualizado: 16:49 (24/02/2021)
El servicio de transporte a centros docentes de Extremadura se contratará por más de 70 millones de euros para los cursos escolares 2021/2022 y 2022/23, que serán prorrogables por otros dos cursos más.
En concreto, la contratación de este servicio ha sido autorizada este miércoles por el Consejo de Gobierno, por acuerdo marco del que se beneficiarán más de 17.000 alumnos del sistema educativo extremeño que cursan las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, las etapas de la Enseñanza Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
En total, son más de 600 rutas de transporte escolar, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.
Además, este acuerdo marco, que será tramitado por el Ente Público Extremeño de Servicios Complementarios (EPESEC), comprenderá la selección de las empresas de transporte escolar adjudicatarias, los términos básicos y los precios unitarios máximos de los contratos y otras condiciones generales de la prestación del servicio.
En este sentido, destaca el Ejecutivo extremeño que las características que presenta la región extremeña de ruralidad y la dispersión geográfica en pequeños núcleos de población "condicionan la prestación del servicio educativo", por lo que el transporte escolar, como servicio educativo complementario, constituye "un elemento clave para garantizar una educación de calidad del alumnado extremeño, evitar el abandono escolar y contribuir a su acceso a la educación superior".
Por tanto, y con el objetivo de mejorar la gestión del proceso de contratación del servicio de transporte, además de obtener precios más ventajosos que conlleven un ahorro, se considera necesario celebrar un acuerdo marco para asegurar el desplazamiento de los alumnos beneficiarios hasta los centros de enseñanza.
Se incorporan, además, medidas de carácter laboral y social durante la ejecución del servicio para los trabajadores de las empresas adjudicatarias, con el fin de garantizar unas mejores condiciones de trabajo que a su vez tengan incidencia directa en la prestación y en la calidad del servicio, concluye el Ejecutivo extremeño.
