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PIDE lamenta que juzgado deniegue medidas cautelares sobre presencia docentes en centros

Dice que tanto el Ministerio Fiscal como la Junta de Extremadura se han opuesto a la suspensión y, por tanto, "están a favor de la apertura de los centros"

22 mayo 2020

El sindicato PIDE ha lamentado que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Mérida haya denegado las medidas cautelares solicitadas y que pretendían suspender la instrucción por la que se obliga a los equipos directivos y al personal del PAS a acudir a los centros educativos en medio de la pandemia de la Covid-19.

A través de una nota de prensa, PIDE ha indicado que tanto el Ministerio Fiscal como la Junta de Extremadura se han opuesto a la suspensión y, por tanto, "están a favor de la apertura de los centros", además de recalcar que el juzgado se ha limitado a decir que la instrucción recurrida es la reproducción de una orden del Ministerio de Sanidad "como único argumento para permitir la apertura de los centros".

En este sentido, al sindicato le parece una argumentación "con poco fundamento", dado que el que la instrucción reproduzca lo dicho por el Ministerio de Sanidad "no significa que en Extremadura se hayan tomado las medidas adecuadas" para proteger las salud de los equipos directivos y del personal del PAS incorporados desde el 18 de mayo, pues la orden ministerial orienta, pero debe ser la comunidad la que la "cumpla ampliamente y la adapte a la realidad territorial y no limitarse a reproducirla".

"Insistimos en que en Extremadura no está garantizado el derecho a la salud y a la integridad física de los profesores ni de los alumnos con las instrucciones dadas para la apertura de los centros. Las medidas que adopta la junta son insuficientes, inconcretas, y en muchos casos de imposible cumplimiento, además los equipos directivos no son expertos en Riesgos Laborales ni epidemiólogos para aplicar la Orden Ministerial, ni la profusa cantidad de medidas que dicen los expertos", ha recalcado PIDE en una nota de prensa.

Asimismo, el sindicato docente ha indicado que el fiscal considera que no se puede parar la educación indefinidamente y que esa es su "principal argumentación".

"Con esta reflexión parece desconocer que los profesores están atendiendo a los alumnos telemáticamente, por lo que la educación no ha parado", ha añadido.

ABRIR LOS CENTROS ES UN "SINSENTIDO"

Además, PIDE ha argumentado que abrir los centros es un "sinsentido", ya que "ni se puede asegurar la distancia de seguridad mínima, ni las medidas profilácticas necesarias", lo que supone un "riesgo claro" de contagio y, "eso mismo viene a reconocer la Junta cuando el día 19 de mayo ha suspendido los exámenes presenciales en las E.O.I. porque no puede garantizar las medidas higiénico sanitarias para los alumno".

"Si a esto le sumamos que tras la fase II de desescalada (cuando se incorporen profesores y alumnos) quedarán apenas un par de semanas lectivas, es un sinsentido que pone en peligro la salud de todos", ha añadido.

En esta línea, PIDE ha indicado que la Junta, en su "deriva argumental" alegaba que al sindicato le "falta legitimación" para interponer esta demanda, pero la juez "para los pies a la Junta diciendo que PIDE tiene toda la legitimidad para iniciar este procedimiento judicial".

Así, PIDE ha animado a los equipos directivos y a los profesores a denunciar ante la inspección de trabajo la "indefensión" con la que están trabajando y el "incumplimiento" de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, para lo que ha elaborado sendas denuncias para ser registradas.

"Desde PIDE seguiremos luchado e interpondremos un nuevo Contencioso-Administrativo contra la nueva instrucción que se dicte y que obligará a los docentes a acudir a los centros, en medio de la alerta sanitaria, para atender presencialmente a los alumnos que, voluntariamente, quieran ir a los centros a los que ya están atendiendo por vía telemática", ha advertido el sindicato.

Finalmente, en dicho recurso, PIDE volverá a solicitar judicialmente, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la instrucción, y ello "no por capricho", sino porque cree que es su deber "proteger la salud e integridad física" de la comunidad educativa.

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