11 octubre 2018 | Publicado : 16:10 (11/10/2018) | Actualizado: 18:35 (11/10/2018)
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La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), entidad en la que está representada la mayoría de las universidades públicas y privadas del país con unos 76 socios, ha celebrado una asamblea general en Cáceres, en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de que el Gobierno establezca una agenda política para hablar de la nueva Ley de Universidades que este órgano quiere impulsar.
El presidente de la CRUE y rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, ha explicado que en la asamblea se han puesto encima de la mesa "una serie de elementos que preocupan con urgencia" como son la financiación de las universidades, una mayor autonomía universitaria, o la reposición de las plantillas de profesorado y de personal de administración y servicios.
También se ha hecho hincapié en las plazas de profesores asociados que "hay que revisar para mejorar" y, entre otros asuntos, se ha hablado sobre la gestión de la investigación "que está dando muchos problemas a los grupos de investigación de las universidades españolas", ha explicado Fernández.
"Todo esto ya lo sabe el Gobierno, se lo hemos trasladado y esperamos que en las próximas jornadas nos pongamos a trabajar en una mesa para hablar de estos temas y de la Ley de Universidades", ha señalado el presidente de la CRUE tras la celebración de la asamblea que ha tenido lugar en el edificio de Institutos Tecnológicos de Investigación de la Universidad de Extremadura (UEx), en el campus de Cáceres.
Tras esta reunión, el rector de la UEx, Segundo Píriz, que está a punto de concluir su mandato de ocho años al frente de la universidad extremeña y que presidió la CRUE durante dos años, ha recibido la primera Medalla de Oro de CRUE Universidades Españolas y la Encomienda con Placa de la Orden Civil Alfonso X el Sabio.
Cabe recordar que en la última asamblea de la CRUE, celebrada este pasado verano en Cádiz, se decidió impulsar una nueva Ley de Universidades. Para ello, se cuenta con la aquiescencia de los Consejos Sociales, las principales organizaciones sindicales y empresariales de España, de la Cámara de Comercio y de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP).
El objetivo es elaborar una nueva Ley Orgánica que facilite a la Universidad los recursos necesarios para afrontar el desafío de una Economía del Conocimiento.
