06 junio 2018 | Publicado : 15:45 (06/06/2018) | Actualizado: 16:54 (06/06/2018)
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La Asociación de Docentes de Religión de Centros Públicos de Extremadura (ADREx) ha mostrado su disconformidad con el dictamen del Consejo Escolar de Extremadura sobre el currículo de ESO y Bachillerato al tiempo que ha criticado la "situación de arrinconamiento" a la que se está sometiendo a esta asignatura así como la "precariedad laboral" a la que se aboca a quienes la imparten.
ADREx, que ha señalado que está manteniendo contactos con la autoridad eclesial, con partidos políticos y con sindicatos, y que "pese a las distancias que pueda haber", están "dispuestos a un diálogo", ha señalado que esto no ocurre con la Consejería de Educación y Empleo, con la que no se han entablado conversaciones por su "inacción".
Un "diálogo y consenso" que consideran "necesario" cuando la Junta y el Consejo Escolar están "relegando datos tan importantes de matriculación" en esta asignatura, que cifran en el 81 por ciento de los alumnos. "Es una contradicción flagrante que quieran llevar al mínimo una asignatura elegida por padres y alumnos en virtud de derechos constitucionales".
En esta misma línea, señalan que el trato que se está dando a la asignatura "puede, incluso, vulnerar el derecho de elección de los padres, al tiempo que añaden que el hecho de que en Bachillerato sea obligado cursar Ética y Ciudadanía junto con Religión y viceversa sólo se entiende "si hay un interés explícito por maltratar la elección de la asignatura por parte de padres y alumnos".
Por ello, piden que el docente de Religión sea tratado como "uno más del resto de los profesores", y en este sentido, recuerda las propuestas que tanto a nivel sindical como político -incluso a nivel nacional- se están realizando para regular definitivamente el sistema de acceso que consideran "injusto, toda vez que, a día de hoy, es el único posible".
Además, piden ser tratados como el resto de asignaturas. "No puede ser que sólo a la disciplina de Religión se le agrupen los alumnos al máximo permitido por ley (33 alumnos por aula en ESO y 37 alumnos por aula en Bachillerato)", señalan.
Estos agrupamientos posibilitan a la Administración "ahorrar en sueldos a los docentes de Religión que salen de las mismas partidas presupuestarias que el papel higiénico (Gastos de Funcionamiento)".
Esta Asociación aboga, en última instancia, por mantener el Decreto 98/2016, de 5 de julio, junto a la Instrucción 19/2017 del Secretario General de Educación por varios motivos.
Por un lado, porque el proceso judicial "aún no está acabado". Según la asociación, el gobierno de Fernández Vara "gobierna por decretos a sabiendas que el proceso judicial no ha terminado", en tanto que el Tribunal Supremo aún no ha dictado sentencia sobre el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura precisamente referente a lo ganado por esta Asociación en el TSJEx.
En la práctica supone que se gobierna con la política de "hechos consumados", con arrogancia y con una absoluta falta de respeto por los tiempos del poder judicial, además del agravio directo a esta Asociación de Docentes.
Además, la Instrucción 19/2017, en vigor a día de hoy, del Secretario General de Educación, "no incurre en ilegalidad alguna ni en contradicción en ninguno de sus términos con las sentencias del Tribunal Supremo existentes a día de hoy".
La "pretendida" modificación implicaría "un nuevo cambio normativo en Extremadura en la educación extremeña". Concretamente sería la cuarta consecutiva desde 2015. Un cambio "innecesario" desde el punto de vista jurídico, que es la "principal argumentación" del preámbulo del Proyecto de Decreto. La seguridad jurídica que transmite la Junta de Extremadura en materia educativa es "nula", apostilla la asociación.
Y, por último es "realmente extraordinario" el Informe de Impacto sobre el Empleo (Expediente EE055/2018) visado por el director gerente del Sexpe, Juan Pedro León Ruiz, calificando como "irrelevante" las consecuencias que va a tener en el empleo, cuando hay docentes de Religión con contratos de 5 y de 8 horas semanales y que "directamente el curso que viene no serán contratados", y otros verán reducida su jornada entre un 25% y un 40%.
