05 junio 2018 | Publicado : 13:06 (05/06/2018) | Actualizado: 15:25 (05/06/2018)
La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Pilar Pérez, ha achacado los "recortes" que se acometerán a partir del próximo año lectivo en la asignatura de religión católica a un "defecto de voluntad política" del gobierno de Guillermo Fernández Vara, que, en su opinión, está "empeñado en imponer sus tesis sectarias".
Pérez se ha expresado de este modo tras conocer el resultado de la reunión del Consejo Escolar de Extremadura donde, entre otras cuestiones, se iba a debatir sobre el nuevo currículo de ESO y de Bachillerato de la Junta, contra el que el PP, a través de su representante en este órgano, María José Cabanillas, presentó una enmienda a la totalidad en forma de texto alternativo.
Según la portavoz de Educación del PP, en la citada reunión, la enmienda del PP y también la presentada por el sindicato USO han sido "tumbadas" por un "supuesto defecto de forma" que, a juicio de Pérez, "realmente es un defecto de voluntad política" por parte de la administración regional, "que a lo largo de estos tres años de legislatura ha emprendido una cruzada contra los profesores de religión católica y contra el 80% de las familias extremeñas que quieren que sus hijos reciban esta asignatura".
Además, ha añadido que "no podemos entender que una reunión con un amplísimo orden del día, en el que el asunto de la asignatura de religión católica era solo uno de los puntos a tratar, se haya despachado en poco menos de cuarenta minutos".
Asimismo, ha comentado que, tras las "numerosas sentencias en contra de los recortes de Fernández Vara", los 'populares' al menos esperaban que se debatiese con "mayor profundidad".
De este modo, la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular ha mostrado su "preocupación", porque la Junta "ni con cinco sentencias", pone fin a una "persecución ideológica injustificada".
En este sentido, ha vaticinado que "no será la última vez" que se hable de este currículo aprobado con los votos en contra del PP, CSIF, USO y la Creex, concluyendo que "la falta de consenso y de razón de la Junta, muy seguramente, volverá a los tribunales".
