27 marzo 2017
Ep.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE han reclamado la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial para que las autonomías participen en el pacto educativo que se negocia en el Congreso, porque sin ellas este acuerdo no será completo ni duradero. Han exigido igualmente que se cuente con la comunidad educativa, que se reviertan los recortes presupuestarios y la limitaciones de gasto, y que se derogue la LOMCE mientras se negocia una nueva ley.
Los consejeros de Educación han participado este lunes en un debate en el Senado sobre ese acuerdo nacional con el ministro Iñigo Méndez de Vigo, en el seno de la Comisión General de Comunidades Autónomas, a la que han asistido todas las autonomías (salvo Aragón), Ceuta, Melilla, los grupos parlamentarios y el propio ministro, que ha defendido la necesidad de un pacto de Estado que dé estabilidad al sistema educativo español.
Las autonomías con gobierno socialista le han pedido que cuente con las comunidades a través de un grupo de trabajo en la Conferencia Sectorial de Educación, porque las autonomías tienen la competencia en la materia y deberán aplicar la ley, pero también porque ellas son igualmente Estado. Además, han reclamado que se cuente con la colaboración de los consejos escolares, como tercera pata para un pacto que sea duradero.
La consejera andaluza, Adelaida de la Calle, ha reclamado derogación de la actual Ley Orgánica para poder empezar la redacción de una nueva y que se sumen al trabajo tanto las CCAA como los consejos escolares. "Tal y como se está plantando la negociación, se puede obtener un pacto alejado de la sociedad y de la realidad política de España", ha advertido.
De la Calle ha pedido igualmente un esfuerzo en la financiación. "Estamos asustados con los pronósticos que anuncian una bajada. Si busca esa calidad y ese empleo docente al que hace referencia, mire bien por ese pacto también en lo económico", le ha dicho al ministro.
Desde Asturias, Genaro Alonso ha advertido también que sin acuerdo social y autonómico el pacto educativo "no funcionará". "De nada servirá que las Cámaras aprueben una norma si la sociedad después no la hace suya", ha dicho.
Alonso también ha defendido que en el acuerdo se tenga en cuenta la diversidad de las autonomías y que "la uniformidad máxima solo genera confrontación y empobrecimiento". "La homogeneidad no implica uniformidad", ha añadido.
El consejero socialista de Cantabria, Ramón Ruiz, se ha sumado a la reivindicación de estos consejeros pero ha hecho hincapié también en el asunto económico y ha exigido que "el presupuesto de educación forme parte del pacto".
También ha apostado por el modelo público, por una nueva concepción curricular más dinámica, "no un currículum con contenido acumulativo", y por introducir "cambios profundos" en la formación de los profesores y en su acceso al trabajo, entre otros asuntos.
MÁS FINANCIACIÓN
El consejero de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha recalcado la necesidad de mejorar la financiación de las comunidades, entre otras cosas, con otro reparto de los fondos de compensación interterritorial y con el fin de "las restricciones presupuestarias".
Felpeto ha asegurado que también es necesario mejorar la convivencia en la escuela mediante medidas comunes para todos los territorios, y luchar contra el abandono, en el que tiene mucho que ver, ha dicho, la gratuidad o no del transporte o de los materiales escolares, la participación responsable de las familias y la formación de los profesores.
Por parte de la Junta de Extremadura, la consejera del ramo, Esther Gutiérrez, ha reclamado igualmente que se incremente la financiación y que se levanten las limitaciones al gasto que tienen las comunidades autónomas. Además, ha puesto en valor que en su región sí se ha dado un pacto educativo que sigue vigente y en el que participó toda la comunidad educativa.
LA COLABORACIÓN AUTONÓMICA, "CLAVE"
En un sentido similar se ha expresado el consejero balear, Martí Xavier March, para quien este pacto educativo "podría ser el punto de partida para todas las reformas constitucionales, políticas, económicas y sociales" a su juicio necesarias. Como el resto de consejeros socialistas, ha asegurado que es "clave" la colaboración autonómica en el pacto educativo, que tenga "una dimensión territorial". "Somos Estado, sujetos políticos, nuestro papel va más allá de la descentralización educativa", ha dicho.
Entre otras cosas, March ha pedido que el pacto trate sobre una delimitación clara de las competencias de cada administración, un modelo federal de Conferencia Sectorial de Educación, una mejor financiación del sistema y la participación de la comunidad educativa. "Los nuevos tiempos implican la complicidad de los agentes si queremos un pacto legitimado socialmente", ha advertido.
El consejero de la Comunidad Valenciana, Vicent Marzá (Compromís) ha advertido igualmente que sin pacto territorial no será completo el pacto educativo, que a su juicio debe tener varios ejes: igualdad, implicación de la comunidad educativa, innovación y sostenibilidad financiera del sistema. "Y basarse en la educación pública, que no escoge a los alumnos que debe tener, que trata a todos por igual", ha reivindicado.
En su opinión, la nueva ley educativa no debería tener más de 20 o 30 páginas con los ejes fundamentales y dejar el desarrollo del resto a las comunidades autónomas y a los centros educativos.
Desde Canarias, la consejera Soledad Monzón (Coalición Canaria) ha dicho que su comunidad quiere un pacto social, político, territorial y también económico, con financiación suficiente. "Un modelo de mínimos y de consenso, qué puntos tenemos todos en común y cómo podemos regularlos", ha defendido, asegurando que sería un reflejo del pacto canario educativo, que ha reivindicado.
