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Organiza un acto "reivindicativo" para este miércoles

PIDE insta a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura a votar dos propuestas de impulso a favor de la educación pública

En la primera de ellas, solicita el rechazo de la LOMCE por "atentar contra la calidad del sistema educativo extremeño y por poner en riesgo la igualdad de oportunidades en la educación"; y en la segunda se muestra "contrario" a la aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

11 febrero 2014

ACTO REIVINDICATIVO PARA ESTE MIÉRCOLES

Por otro lado, este miércoles, 12 de febrero, entre las 11:00 y las 12:00 horas, el Sindicato PIDE repartirá, ataviados con camisetas y/o sudaderas verdes, un díptico en la puerta de las comisiones de escolarización, "a favor de la escolarización en la Escuela Pública". En concreto, este acto "reivindicativo" tendrá lugar en el Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Badajoz (sito en la Avda. de Colón, nº 15), y en la Delegación Provincial de Educación en Cáceres (sita en la Avda. General Primo de Rivera, nº 2-5ª Planta).

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha instado, por registro oficial, a los grupos parlamentarios presentes en la Asamblea de Extremadura -PP-EU, PSOE-Regionalistas, IU-V-SIEX y PREx-CREx- a votar dos propuestas de impulso a favor de la educación pública.

En concreto, tal y como detalla en una nota de prensa, a través de la primera de ellas, PIDE solicita el rechazo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), por "atentar contra la calidad del sistema educativo extremeño y por poner en riesgo la igualdad de oportunidades en la educación".

En este sentido, considera que la Cámara extremeña "debe instar" al Consejo de Gobierno a que "se estudien y analicen todos aquellos artículos de la LOMCE que puedan generar duda sobre su constitucionalidad y, consecuentemente, recurrir su aplicación en el Tribunal Constitucional".

Igualmente, PIDE solicita al Ejecutivo regional a que "utilice el margen que proporcionan las competencias autonómicas para evitar, por un lado, los perjuicios que esta ley pueda ocasionar al sistema educativo extremeño y, por otro, para blindar el derecho de igualdad de oportunidades de la ciudadanía para acceder a la educación".

En esta línea, también insta a que "se implanten medidas compensatorias de carácter económico, a través de acciones de carácter autonómico, que garanticen la igualdad de oportunidades educativas al alumnado extremeño".

Por su parte, la segunda propuesta de impulso la ha presentado PIDE "contra la aplicación" del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

En este punto, solicita que la Asamblea de Extremadura "rechace" la aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, por "atentar contra la calidad del sistema educativo extremeño y por poner en riesgo el derecho a la educación de sus alumnos".

De este modo, persigue que la Cámara extremeña "inste" al Consejo de Gobierno a "estudiar y analizar todos aquellos artículos del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo al generarse dudas sobre su aplicación en relación a la Ley 4/2011 de Educación de Extremadura y el artículo 27 de la Constitución Española, y en consecuencia, poder recurrir su aplicación en el Tribunal Constitucional".

A su vez, pretende que "utilice el margen que proporcionan las competencias autonómicas para evitar los perjuicios que este Real Decreto-Ley están ocasionando al sistema educativo extremeño y para blindar el derecho a la educación del alumnado extremeño", detalla PIDE.

En definitiva, con esta iniciativa, el Sindicato del Profesorado Extremeño pretende "unificar en una solo latido, a través de las Propuestas de Impulso, la oposición de la Asamblea de Extremadura a todo lo que sea menoscabar lo público, dado que es responsabilidad directa de los grupos parlamentarios que representan a la ciudadanía".

Y es que "la educación pública nos iguala en derechos y deberes, al tiempo que compensa las desigualdades sociales existentes, por lo que defender lo público es obligación de cualquier Gobierno que ha recibido el aval de la sociedad para proteger los pilares básicos de la misma", sentencia.

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