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07 July 2026 | Publicado : 13:07 (07/07/2026) | Actualizado: 16:05 (07/07/2026)
Ep.
La Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, en manos de Vox, mantiene como medidas "prioritarias claras" para su desarrollo en la comunidad las de aplicar el principio de prioridad nacional y el "arraigo real" en el acceso a ayudas y recursos públicos, junto a la "eliminación" de subvenciones a entidades que favorecen la inmigración ilegal.
De igual modo, basará sus políticas en la "reducción" del gasto en cooperación internacional; la "redistribución" de recursos a nacionalidades sociales de Extremadura; la mejora de la eficacia; la simplificación; la lucha contra el fraude; el apoyo a las familias; la coordinación con los servicios sociales de base; y una evaluación "rigurosa" del gasto público.
Así lo ha indicado este martes el director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández Fernández, en respuesta a una pregunta en comisión de la Asamblea por parte del diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos sobre cuáles son las medidas prioritarias de dicha consejería para el sistema público de Servicios Sociales.
Tras defender, así, que los servicios sociales "deben estar al servicio de la gente de aquí, de las personas de esta tierra", ha criticado que la política social ha sido utilizada por la izquierda "como un instrumento ideológico" en el que "se ha confundido ayudar con repartir subvenciones", y en el que "se ha ido desplazando el foco, y en lugar de atender primero a los españoles y a los extremeños que peor lo están pasando se han priorizado agendas ideológicas, gasto improductivo y políticas de efecto llamada".
Así, ha afirmado que la Junta quiere cambiar este enfoque "no para debilitar los servicios sociales sino para reforzarlos". "No para abandonar a nadie que tenga derecho a ser atendido, sino para ordenar las prioridades, no para reducir protección, sino para garantizar que cada euro público se destina a quien realmente lo necesita", ha espetado.
Con ello, la primera medida "prioritaria" para su departamento se basa en "recuperar el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas, prestaciones y recursos públicos, siempre dentro del marco legal vigente", de tal manera que las políticas sociales deben procurar que los recursos de los extremeños se destinen "prioritariamente a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con nuestra tierra".
"Hablamos precisamente de ordenar el sistema conforme a criterios de justicia, de arraigo, de residencia efectiva, de contribución, de vinculación con Extremadura y de necesidad real, porque los recursos públicos son limitados, las medidas sociales son muchas y la Administración tiene la obligación de priorizar", ha apuntado; al tiempo que ha subrayado que la prioridad de esta consejería será "con los españoles y, especialmente, que los españoles en situación de vulnerabilidad estén primero".
Así, ha indicado que ello supone revisar el modo en que se asignan los recursos, reforzar la comprobación de la residencia efectiva, evitar fraudes, impedir que haya empadronamientos ficticios o usos indebidos del sistema, para "garantizar que las prestaciones lleguen a quien realmente cumple los requisitos y tienen derecho a ellas".
ELIMINAR EL GASTO SIN INTERÉS GENERAL
De igual modo, la segunda "prioridad" será eliminar el gasto que no responde al interés general, de tal manera que la Junta "no puede mantener una política social basada en financiar entidades que favorecen, sostienen o promueven la inmigración ilegal".
Así, afirma que "los recursos públicos destinados a servicios sociales deben ir a atender necesidades sociales reales, no consolidar redes, asociaciones o estructuras que contribuyen a generar un efecto llamado o que convierten la inmigración ilegal en un negocio subvencionado".
Por eso, una línea "clara" de actuación que se ha aplicado desde el presupuesto es la "suspensión" de subvenciones, ayudas, convenios, conciertos con entidades que "participen directamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal".
REFORZAR EL SISTEMA
Por otra parte, la tercera prioridad será la distribución de recursos desde partidas que "no son esenciales" para "reforzar" el sistema público de servicios sociales.
En este sentido, Fernández ha defendido que la reducción de fondos destinados a cooperación internacional y desarrollo forma parte de una decisión política "clara" de que "antes que financiar actuaciones en el exterior esta Junta debe atender las necesidades de los extremeños".
Así, la cuarta prioridad para la Junta será "hacer más eficaz el sistema", basándose en que "no se trata sólo de gastar más, sino de gastar mejor".
CENTRARSE EN QUIEN DE VERDAD LO NECESITA
De igual modo, la quinta prioridad será "centrarse el sistema en las personas y familias que de verdad lo necesitan".
En este sentido, ha subrayado que es importante "diferenciar entre quien necesita ayuda y quien se aprovecha del sistema, entre quien cumple los requisitos sin que pretende acceder fraudulentamente, entre quien está en una situación vulnerable real y quien utiliza atajos".
Por otro lado, la sexta prioridad será reforzar el enfoque de familia como "la primera red de protección social"; y la séptima será "poner orden presupuestario", toda vez que "la buena gestión de los servicios sociales no consiste en multiplicar programas sin evaluar, consiste en saber qué funciona, qué no funciona, qué debe reforzarse y qué debe desaparecer", algo en lo que ha dicho su consejería está "trabajando".
En esta línea, ha defendido que "hay que revisar subvenciones, convenios, programas, líneas de gasto para garantizar que todo euro público tiene una utilidad real, medible y vinculada al interés general".
Además, ha subrayado que su consejería no viene a gestionar los servicios sociales como venía haciéndolo la izquierda. "No viene a sostener redes clientelares, no viene a financiar agendas ideológicas y no viene a mirar antes a los de fuera que a los de dentro. Viene a recuperar el sentido común", ha espetado.
UNIDAS
A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha criticado la "caricatura" que supone a su juicio la Consejería de Desregulación, basada en "frases hechas, algunas tremendamente crueles", pero sin propuestas reales, ha dicho.
Así, ha reclamado medidas a la Junta para acabar con la "precariedad" del sistema público de servicios sociales y sus profesionales; y ha demandado un plan "estratégico" con "planificación de las necesidades de protección".
En la misma línea, González Frutos ha criticado que Vox trate de gestionar el sistema público de servicios sociales "con prejuicios" y con "ideología de la mala"; y ha defendido que "con el sistema público de servicios sociales habrá que atender en función del principio de necesidad" y no con el "criterio de la raza".
Con ello, ha pedido a la Junta que aclare "qué quiere hacer" con el sistema público de servicios sociales y "hacia dónde quiere llevarlo", en concreto cuáles entiende que son los principales problemas y retos en esta materia.
DÚPLICA
Finalmente, en el turno de dúplica, ha reconocido la "precariedad" del sistema y el personal "insuficiente" que trabaja en el mismo; y ha rechazado las "acusaciones de prejuicio y racismo" de Vox hacia los menores migrantes.
"El problema es que por estas políticas buenistas estamos empeorando la situación. Y estos 100 ó 300 (menores migrantes) que sean ahora no van a ser solo eso, son la punta lanza, son el principio. Y o paramos esto ahora o va a continuar empeorando y va a continuar destrozando el sistema. Es insostenible esto a largo plazo", ha defendido.
